Los Veintisiete aprobaron ayer en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) la nueva orden europea de protección de las mujeres maltratadas y las víctimas de delitos, que impulsó España en el 2010 y que chocó con la oposición inicial de la Comisión Europea. La orden europea permitirá proteger a las víctimas de violencia y extender a los demás estados de la UE las medidas de protección dictadas por uno de los países miembros.
La normativa se centrará "en los delitos que pueden poner en peligro la vida de la víctima, su integridad física, psicológica o sexual, o su libertad personal", precisó el Consejo de la UE. Las medidas de protección nacionales que quedarán extendidas al resto de países de la UE incluirán las ordenes de alejamiento y la prohibición de contacto físico, telefónico o por medios de comunicación electrónicos, con la amenaza de acciones judiciales para quien vulnere esas disposiciones.
El contenido de la orden europea de protección de víctimas de delitos se ha consensuado ya con el Parlamento Europeo, por lo que podría aprobarse definitivamente antes de final de año. Los Veintisiete tendrán después tres años para adaptar su legislación nacional a sus exigencias.
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que la nueva orden europea dará "un mayor respaldo y seguridad" a las personas amenazadas o víctimas de malos tratos cuando se desplacen por la UE. Cuando una víctima se desplace a otro estado de la UE, el país donde se adoptó la medida de protección emitirá una euroorden destinada al otro estado para que se apliquen allí las mismas medidas. Esto implicará, no obstante, que el agresor conocerá el nuevo domicilio de su víctima.
Campo señaló que esta información es indispensable para la seguridad jurídica del agresor, porque "hay que informarle de dónde se le ponen los límites".
