La UE parece tener claro que no dejará que nada amenace el parque nacional de Doñana, uno de los humedales más completos de Europa y un ecosistema único que es zona de paso obligada en la ruta migratoria de millones de aves que a punto estuvo de entrar en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro hace dos años.

Los europarlamentarios que el pasado septiembre visitaron el parque para conocer de primera mano los riesgos se han mostrado tajantes respecto al proyecto de construir un gaseoducto y almacén de gas en las tripas del parque y reclaman a las autoridades un «estudio conjunto» de los riesgos de las cuatro fases en la que se dividió el proyecto para agilizar su tramitación, así como «una evaluación sísmica» global.

Organizaciones ecologistas y partidos políticos como Adelante Andalucía, la confluencia entre Podemos e IU, llevan tiempo alertando sobre el controvertido proyecto de un gaseoducto de Naturgy ubicado a tan solo 200 metros del parque natural y a dos kilómetros del parque nacional, que además de conducir el gas pretende almacenarlo en viejas bolsas del subsuelo, inyectándolo del exterior con el riesgo de movimientos sísmicos al estilo de los que provocó la plataforma de El Castor. Unas denuncias a las que se acabó sumando el PSOE, asegurando que el gaseoducto no se construiría bajo su mandato y amenazando con pararlo en los tribunales.

Las críticas arreciaron tras conocerse que sendos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geológico Minero arrojaban dudas sobre el proyecto privado al apuntar la «peligrosidad» y el «riesgo sísmico y de inundaciones», que había sido infravalorado al realizarse respecto a cada fase del proyecto y no en su totalidad. Esto se debe a que el proyecto inicial fue troceado en cuatro partes para agilizar los permisos. Todos ellos cuentan con una declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Gobierno central, aunque para iniciar las obras necesitan además una autorización de la Junta de Andalucía, que solo dio el visto bueno a una de las partes, Marismas Occidental, alegando que ir contra el permiso del ejecutivo central hubiera sido prevaricar.