Para Marco Diéguez, de Ecologistas en acción, la verdadera cuestión de fondo es el modelo turístico que se busca para una de las escasas zonas vírgenes que quedan en el litoral mediterráneo. Así, el proyecto deja en evidencia la necesidad de cambiar el marco legal para evitar el turismo masivo. Un modelo que, además, choca radicalmente con el deseo y las intenciones del primer propietario de los terrenos, que se destacó por su afán conservacionista de una zona que, precisamente por esas características salvajes, atrae cada año a un millón de personas.
En la misma línea se pronuncia Antonio Fernández, portavoz del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), que apunta al «peligroso» precedente que sienta. El parque cuenta con antiguas cortijadas, semiderruidas e incluso en las inmediaciones de las playas, que pueden seguir esa estela. «Ya se han rehabilitado muchos cortijos para alojamientos rurales, y hemos conseguido parar alguno que pretendía dos plantas, subsuelo…», añade Ruiz. «Con la nueva ley que flexibiliza los trámites ambientales [un decreto de PP y Cs aprobado en pleno estado de alarma], muchos aprovecharán para intentar sacar adelante su proyecto», advierte Fernández.
En la mente de muchos están el cortijo de Mónsul, otra estructura abandonada cerca de la playa del mismo nombre, la fábrica de Las Salinas, junto al faro de Cabo de Gata, e incluso el viejo poblado de las minas de oro de Rodalquilar, donde el ayuntamiento aspira, con el apoyo de todos los grupos, a levantar una residencia sénior de lujo. Durante muchos años, «el parque se ha mantenido con el mayor nivel de naturalidad posible», explican los ecologistas, «y solo se construía en los núcleos urbanos». Pero ahora, alertan, se abre la puerta «a un modelo turístico que no tiene cabida en este parque», añade Fernández. J.C.
