No se puede esperar más. La implantación de impuestos verdes como el del carbono para acelerar la lucha contra la crisis climática y la contaminación es cada vez más urgente. No hay organismo internacional, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasando por laS Naciones Unidas (ONU), que no lo reclame. Varios países están introduciendo impuestos al CO2 pero la revuelta de los chalecos amarillos contra la ecotasa aplicada a las gasolinas en Francia ha asustado a muchos responsables políticos, que temen el rechazo de los sectores sociales afectados por la subidas.

Para hacer frente a este dilema, especialistas de todo el mundo han puesto sobre la mesa propuestas en las que el impuesto no tiene una finalidad recaudatoria y los colectivos más desfavorecidas no salen perdiendo. Hay un amplio abanico donde escoger, desde la reforma que devuelve a los ciudadanos el importe casi íntegro de lo recaudado a través del IRPF hasta la que lo invierte en la Seguridad Social. Subidas fiscales indoloras.

«DEMASIADO BARATO» / David Lipton, director gerente interino del FMI, volvió a poner la cuestión sobre la mesa en la reciente cumbre del clima celebrada en Nueva York. «El principal problema [en la lucha contra el cambio climático] es, sencillamente, que el carbono es demasiado barato. Al precio actual de dos dólares [1,82 euros] por tonelada de CO2, los hogares y las empresas no tienen suficientes incentivos para usar menos energía y optar por combustibles más limpios. Limitar el calentamiento mundial a un nivel seguro requiere que el precio del carbono sea considerablemente superior: hasta 75 dólares [68 euros] por tonelada», argumentó.

También señaló que la clave del éxito del impuesto radica en que sea «justo» y «favorezca el crecimiento». Él mismo trajo a colación el caso de Suecia, un ejemplo a seguir para muchos otros países. Cuando introdujo un impuesto al carbono en los 90, aplicó reducciones fiscales más elevadas a los hogares de ingresos bajos y medios para ayudarlos a compensar los mayores costos de la energía. El año pasado, se lanzó en EEUU una propuesta conjunta de republicanos y demócratas alejados del negacionismo de Donald Trump que ha sido objeto de múltiples análisis y numerosas controversias. Bautizada como dividendo del carbono, consiste en repartir la recaudación por igual entre todos los adultos del país a través de cheques. En teoría, nadie pierde, salvo los que consumen más combustibles fósiles. Los que consumen menos incluso ganan dinero.

MODELO CANADIENSE / Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, empezó a aplicar un modelo similar el pasado abril, con un tributo sobre el petróleo, el carbón y el gas cuya recaudación se devolverá a través del impuesto de la renta. El problema en Canadá es que, si Trudeau pierde las elecciones convocadas para el próximo 21 de octubre, la oposición conservadora ha prometido eliminar el impuesto.

La revista Economics of Energy & Environmental Policy acaba de publicar un estudio sobre las consecuencias que tendría aplicar el dividendo del carbono en España. Dirigido por un investigador español asociado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Xaquín García-Muros, el informe concluye que con la medida se conseguiría una rebaja anual del CO2 del 10%; del NOX , del 12%, y del SO2, del 20%. La recaudación podría alcanzar los 7.300 millones de euros y, lo más importante, «las capas más pobres recibirían un beneficio neto anual promedio de 203 euros y los más ricos pagarían un costo neto de 599».

Otros especialistas consideran que la devolución pura y simple pueden ser buena en países con alergia a los impuestos o donde la presión fiscal es alta, pero no para España, donde esta está aún muy por debajo de la media europea. Prefieren que la recaudación se destine a fines sociales o ecológicos. Andoni Montes Nebreda, autor del estudio Impuesto del carbono. Derecho comparado y propuestas para España, lanza la idea de derivar los fondos recaudados a la tan necesitada caja de la Seguridad Social. «Del ‘quien contamina paga’ pasaríamos al ‘quien contamina aporta al fondo de pensiones’», resume.

Otros proponen que los recursos obtenidos se empleen en combatir la pobreza energética, mejorar la eficiencia energética de los hogares y desarrollar las energías renovables.