Los motivos con que el Gobierno ha justificado su decisión de elaborar otra ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo son muy similares a los que impulsaron la primera despenalización del aborto, vigente desde 1985, indicaron ayer juristas y ginecólogos conocedores del tema. Los expertos lamentaron, sin embargo, que la propuesta no recoja uno de los factores más significativos a que ha dado lugar la aplicación de la ley: el incesante aumento de abortos practicados cada año --más de 100.000 en el 2006-- y el fracaso en la formación sobre salud sexual y reproductiva que esa demanda implica.

De nuevo, la parte fundamental de la futura ley se centrará en proteger el derecho de la mujer que decide no mantener una gestación, y defenderá al profesional que lo practique. Esas premisas, a juicio de los expertos, no tienen en cuenta todos los aspectos sociales que hoy rodean a esta práctica. "No estoy de acuerdo con la postura de las feministas puras que defienden exclusivamente ese derecho de la mujer a decidir, sin advertir de que el aborto siempre es un recurso negativo", dijo Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal en la UB y del Observatorio de Bioética y Derecho. Y añadió: "La mujer ha de poder decidir qué hace con su vida, pero antes ha de ser educada para que tenga elementos de elección".

Rosa Ros, directora del Centro de Anticoncepción y Sexualidad de Barcelona, no es partidaria de que la ley del aborto incorpore aspectos de educación sexual, pero sí defiende que el tema sea objeto de revisión en un ámbito social más amplio. "Las adolescentes viven envueltas en el prolífico mundo del sexo de los adultos, y después nos asustamos de que se queden embarazadas por mantener relaciones sexuales equivocadas", indicó.

Lo importante de una posible nueva ley del aborto, dijo esta especialista, es que defina qué centros sanitarios deberán aplicarla --si lo harán los hospitales públicos-- y de qué forma se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que ahora rehúsan hacer abortos en la red asistencial pública.

Ambas especialistas coinciden en la necesidad de que sean las adolescentes, y no sus familias, quienes decidan si mantienen o no un embarazo. La ley de autonomía del paciente, del 2002, y la ley de protección de los derechos del menor amparan la capacidad de decisión de las jóvenes mayores de 16 años. En la práctica, las familias deciden si la gestación se interrumpe.

"Las adolescentes deben poder planificar sobre los aspectos fundamentales de su vida, sin necesidad de que exista el derecho paterno --afirmó Corcoy--. Esa opción pertenece, por ley a la adolescente. Si la chica tiene entre 14 y 16 años, hay que tener en cuenta su parecer".

HABLA EL VATICANO .Por otra parte, y como suele ocurrir en España, no así en la mayoría de países de la UE, cuando el Gobierno aborda leyes de perfil ético, la Iglesia católica, en este caso el Vaticano, se pronuncia sobre el tema. Lo hizo William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se dijo "entristecido" por el anuncio del Ejecutivo.

La vicepresidenta Fernández de la Vega afirmó que la ley puntualizará los supuestos en que se permite el aborto y que el Gobierno oirá a una "pluralidad" de voces, en respuesta a las críticas por el perfil próximo al PSOE de los miembros de la comisión que redactará el proyecto.