El decreto contiene dos medidas que persiguen el único objetivo de realojar a familias sin casa. La más conocida es la que prevé la expropiación del uso de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años y en caso de desalojos de familias que cumplan con unos requisitos económicos y se encuentren en riesgo de exclusión social.
La otra medida consiste en el fomento del alquiler de casas vacías a través de un sistema de penalización que incluyen multas de hasta 9.000 euros a las entidades bancarias que no arrienden sus inmuebles.
