Aunque después de cumplir su condena vuelven a ser ciudadanos de pleno derecho, todos ellos siguen en el radar de la policía. Los peligrosos asesinos y violadores que en las últimas semanas han sido puestos en libertad al tumbar el Tribunal de Estrasburgo la doctrina Parot están siendo objeto de estrecha vigilancia por las fuerzas de seguridad. Ese control viene amparado por la fiscalía, que, atendiendo a la peligrosidad de esos criminales, se lo pide al cuerpo policial competente.
Oficialmente se trata de "un seguimiento no invasivo" de unos individuos que en muchos casos no se han arrepentido de los atroces crímenes que cometieron y sobre cuya reinserción las instituciones penitenciarias han emitido informes desfavorables. Así pues, la fiscalía y las fuerzas de seguridad consideran a individuos como Miguel Ricart, autor del crimen de Alcàsser, Manuel González, el loco del chándal, Emilio Muñoz, el asesino de Anabel Segura, o Juan Valentín Tejero, el asesino de la niña Olga Sangrador, auténticas bombas de relojería y no descartan que puedan volver a cometer atrocidades como las que les llevaron a prisión.
"SEGUIMIENTO NO INVASIVO" Ante ello se aplica ya en toda España por orden de la Fiscalía General del Estado un protocolo que en julio se estrenó en Barcelona con la puesta en libertad de Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample. En virtud de ese "seguimiento no invasivo", los Mossos hacen una vigilancia inicial de ese individuo tras su salida de prisión para localizar su localidad de residencia y determinar sus horarios y rutinas. Así, el exconvicto es seguido de forma discreta hasta poder dar respuesta a todos esos interrogantes. Se intenta que el individuo no note ese seguimiento, algo por otra parte habitual en ese tipo de vigilancias.
Las primeras semanas ese seguimiento es especialmente intenso, pues se trata de determinar si entre los comportamientos del exconvicto aparecen señales de que puede volver a cometer un acto criminal. El caso de Pedro Jiménez, el hombre que asesinó en L'Hospitalet a dos policías nacionales en prácticas, es un referente que obliga a prestar especial atención a esos primeros días en la calle. Jiménez --que sigue en prisión-- asesinó a las dos mujeres tras salir de la cárcel en un permiso penitenciario.
Cuando los investigadores pudieron reconstruir sus primeros pasos y compras tras abandonar la cárcel vieron que había salido con la intención de cometer un crimen.
No obstante, ese intenso control de los exconvictos no puede mantenerse mucho tiempo. Así que, más adelante, una vez se conocen bien las rutinas de esos individuos, la vigilancia pasará a ser competencia de la comisaría de la localidad donde residan. Ese mecanismo de control establece que, en el caso de que alguno de ellos salga del territorio de Catalunya, inmediatamente se avisa al Cuerpo Nacional de Policía.
Pese al amparo de fiscalía, esas vigilancias pueden ser denunciadas por los exconvictos, con el argumento de que ellos han cumplido su pena. Es por eso que, oficialmente, los Mossos d'Esquadra se niegan a informar de las medidas que han adoptado respecto a ellos y en especial sobre Manuel González González, el loco del chándal. "No explicaremos lo que estamos haciendo. Cualquier cosa que digamos puede ser contraproducente", comentaron fuentes de la Policía de la Generalitat.
EXPLORAR LA IMAGINACION Mandos de los Mossos d'Esquadra, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que han hablado de forma anónima con este diario coinciden en la necesidad de explorar la imaginación para tener controlados a estos individuos. "Se puede hacer una interpretación extensiva de la seguridad ciudadana; si sé que uno de ellos vive en un barrio, puedo considerar que hay un elemento objetivo de riesgo en esa zona y, por tanto, aumentar el paso de coches patrulla", comenta un mando. Otra estrategia es utilizar la protección de las víctimas como argumento para conocer las rutinas de su agresor.
