La dispersión geográfica y poblacional, la territorialidad y el grado de ruralidad son criterios que se deben tener en cuenta en la memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Así lo defendió ayer la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid. Una reunión convocada por el ministerio, para debatir las aportaciones de las CCAA relacionadas con esa memoria económica, informa la Junta.

La consejera destacó el trabajo "riguroso y serio" desarrollado por el ministerio al "establecer un mínimo cuantitativo del coste que supone la implantación y puesta en marcha de la LOMCE", cifrado en 408 millones. También avanzó la puesta en marcha de una comisión de trabajo.