El Gobierno aprobó ayer los servicios y prestaciones que recibirán las personas en situación de dependencia, así como su financiación, con el respaldo de la mayoría de las comunidades, salvo las del PP y el País Vasco, ésta última por cuestiones económicas relacionadas con el cupo. Durante la reunión, el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, sacó adelante su propuesta de prestaciones económicas que para los casos más graves serán de 780 euros para costear servicios privados; 561 euros para los cuidadores familiares y 780 euros para la contratación de un asistente personal. En este sentido, Andalucía (36,2 millones), Cataluña (32,3) y Madrid (23,4) son las que recibirán mayor aportación. Por contra, Rioja (1,6) y Navarra (3,2), las que menos. Extremadura percibirá 6, 6 millones de euros.

De esta manera, el Gobierno da por completado el desarrollo reglamentario de la ley, por lo que las personas dependientes (unas 200.000 en situación más grave) podrán empezar a percibir las prestaciones económicas o los servicios de atención (centros de día, noche, residencias, atención a domicilio o teleasistencia) cuando sean evaluados por sus autonomías.

En cuanto a la coparticipación de los beneficiarios, las comunidades aplicarán, por el momento, el copago que utilizan en sus servicios sociales, dado que no se ha alcanzado un acuerdo en esta materia. El Consejo Territorial de la Dependencia acordó una inversión adicional de 220 millones. Las CCAA aportarán otro tanto. En la distribución de los fondos han tenido en cuenta criterios como el número de mayores, discapacitados, o la estimación de grandes dependientes.