Uno a uno, los 186 detenidos el martes por la Policía y la Guardia Civil acusados de tenencia y distribución de pornografía infantil en internet fueron quedando ayer en libertad, tras declarar. Entre ellos figuraba un ciudadano de la localidad extremeña de Almendralejo, que, como el resto, se fue a casa a la espera de ser juzgado. Todos han tenido suerte. Los agentes solicitaron las entradas a sus domicilios aportando a los jueces pruebas conseguidas antes de la reforma del código penal de octubre. Como las penas entonces no superaban los cuatro años, no se les puede dictar prisión preventiva.
La inmediata libertad de todos los arrestados no resta importancia a las operaciones Enea y Hunter, con detenidos en todas las provincias, salvo Cantabria, Melilla y Ceuta. Algunos de los investigadores que han participado en las entradas, registros y detenciones relataban ayer que muchos de los acusados no eran capaces de regresar a sus casas, después de que sus familias descubrieran que en sus ordenadores almacenaban fotografías y vídeos con imágenes de sexo con menores.
Entre los 186 detenidos hay de todos los extractos sociales, y variedad de ocupaciones: estudiantes, funcionarios, jubilados, profesores de primaria e incluso un suboficial del Ejército, detenido en su casa de Barcelona. También hay varias mujeres.
A los detenidos se les atribuye la distribución del material empleando un programa conocido como peer-to-peer o P2P , utilizado para obtener y poner a disposición de otros usuarios de la aplicación de archivos de imagen y vídeo. El material está constituido por imágenes pornográficas de menores, muchos de ellos de corta edad, que mantienen relaciones sexuales explícitas entre ellos o con adultos.
