La familia de Mari Luz Cortés ha asegurado hoy sentirse "estafada, utilizada, engañada e indignada" después de conocerse que el CGPJ pretende imponer al juez Rafael Tirado, responsable de que Santiago del Valle estuviera en libertad el 13 de enero, una sanción económica leve de entre 1.000 y 6.000 euros. En rueda de prensa, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ha precisado que el lema que él y su familia han mantenido hasta ahora de "una justicia justa" para el caso de su hija "se está desvaneciendo" y ha asegurado que, pese a que la sanción aún no está ratificada, "no se esperaba para nada" algo así, "confiaba en la Justicia y esperaba que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se iba a expulsar a esta persona de la carrera judicial".

Para Cortés, esta es la única sanción posible para una persona que, según un informe del Consejo ha cometido hasta diez faltas que implican dejación de sus funciones profesionales, "eso está considerado como falta muy grave por la Ley Orgánica del CGPJ y si no se le expulsa será un atentado contra la dignidad judicial en España, un asalto a las leyes y a la Justicia española". Además, ha advertido de que si para lograr que esta sea la medida ha de echar a toda España a la calle, lo hará porque no van "a consentir que ni el juez ni su secretaria ni nadie que haya tenido que ver con esa dejación de funciones que ha finalizado con la muerte de la niña "salgan impunes". Por ello la familia ha convocado una primera manifestación para el 7 de julio a las 12:00 horas ante los juzgados de la capital sevillana.

En opinión del padre de Mari Luz, esta posible sanción es "una prueba de corporativismo", de algo que el propio presidente del CGPJ "me dijo que iba a huir cuando se comprometió conmigo a que se depurarían todas las responsabilidades", al igual que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Justicia. El padre de Mari Luz ha aludido al hecho de que Tirado fuera presidente de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, de tendencia conservadora, y que aporta dos miembros a la comisión disciplinaria que juzga al magistrado por estos hechos, por lo que pidió "que se declare nula dicha comisión al no haberse garantizado la imparcialidad, porque hay jueces que por menos se le ha expulsado".

Lamentó que los máximos líderes políticos y representantes judiciales, que cuando saltó el caso de su hija se pusieron en contacto con él "de forma inmediata", actualmente no le responden, y ha dejado claro que lo único que quiere es justicia para su hija. "Estamos esperando que esa justicia vaya de manos de la propia justicia, de lo contrario mis abogados estudian la posibilidad de interponer una querella criminal contra Tirado, su secretaria y todos los implicados en la dejación de funciones del tribunal", concluyó.