Como si se tratara de una nueva puesta en escena de un guión antiguo, el caso de la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo va recreando todos los capítulos de anteriores tragedias tristemente parecidas: la alarma inicial ante la desaparición, la movilización popular, la captura del o los culpables, el revuelo mediático, los intentos de linchamiento, el escrutinio público de las vidas de los implicados, la transformación de la aflicción en espectáculo... En este doloroso proceso de reescritura, ayer dio comienzo un nuevo episodio: la apelación a los políticos para que emprendan cambios legislativos en respuesta al crimen. Siguiendo el ejemplo reciente del padre de la niña onubense Mari Luz Cortés, cuya angustiosa cruzada en pro de un endurecimiento de las penas para los pederastas le ha dado plaza de tertuliano en algunos programas de televisión, los progenitores de Marta reclamaron ayer una reunión con José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y la convocatoria de una consulta popular para instaurar en España la cadena perpetua. La historia se repite.

Desde el momento en que desapareció la joven el pasado 24 de enero, sus padres tomaron la decisión de comparecer diariamente ante los medios para que la atención no decayera. La escenografía elegida fue la misma que en el caso de Mari Luz: la puerta de la vivienda familiar, de pie o con mesas prestadas de un bar o una asociación cercana. Al igual que ocurrió con la familia de la niña de Huelva, la madre de la víctima no compareció en público hasta el último momento y el protagonismo fue asumido por el padre, Antonio, respaldado por un tío de Marta. En ambos casos se produjo una movilización popular por todo el país; también en ambos casos hubo sospechas iniciales acerca de los culpables que la investigación acabó confirmando.

CRUZADA FRUCTIFERA La lucha de Juan José Cortés ha obtenido sus frutos, al atraer la atención hacia el deficiente funcionamiento de algunos juzgados y promover la creación de un registro de pederastas ante el vacío legal que existía. En el caso de las demandas de la familia Del Castillo, resulta bastante más improbable que puedan ser atendidas. El padre sostuvo ayer en una multitudinaria rueda de prensa que la instauración de la cadena perpetua "no convertiría a España en un país menos democrático". Sin embargo, el Gobierno ya se pronunció en contra de esta medida cuando en mayo del 2008 la solicitó Cortés. Ayer, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, dijo que, aunque comprende "a nivel personal" la reclamación, la cadena perpetua "no cabe" actualmente en el marco español porque "es inconstitucional" y va "en contra de todos los principios de reinserción y rehabilitación". En parecidos términos se pronunciaron representantes de IU y ERC.

Más ambiguo se mostró Mariano Rajoy, quien defendió que delitos como este "requieren penas más duras, pero también prevención". El dirigente conservador aseguró que se reunirá próximamente con el padre de la chica, quien en su comparecencia había solicitado "entrevistas con Zapatero y Rajoy para comunicarles el dolor de la familia, de Sevilla y de España entera" y pedirles que escuchen "lo que pide el clamor popular: un referendo".

Respecto a la investigación, los padres de Marta auguraron que "habrá más detenciones". Ante la falta del cadáver, que podría probar si hubo ensañamiento e, incluso, si la joven fue arrojada aún viva al río, la fiscalía ya se ha puesto en el peor de los casos e imputa a Miguel Carcaño y Samuel Benítez un delito de asesinato, para el que el Código Penal establece una pena máxima de 20 años. La policía ha garantizado a la familia que hay pruebas suficientes para condenar a los detenidos incluso en el caso de que el cuerpo no se encuentre.