Entra en vigor este domingo el primer tratado mundial contra la pesca ilegal y no reglamentada, con carácter vinculante, propiciado por la FAO, la agencia de la ONU para la agricultura y la alimentación. "Este es el comienzo de una nueva era en la lucha contra la pesca ilegal", ha comentado José Graziano da Silva, director general de la FAO.

Hasta la fecha han firmado el acuerdo 30 países, número suficiente para que entre en vigor. La Unión Europea ha firmado en bloque, de manera que los 30 firmantes "suponen más del 62% de las exportaciones, equivalentes a 133.000 millones de dólares", ilustra la FAO.

La pesca ilegal, conocida por las siglas INDNR, supone una suma de capturas estimada en unos 26 millones de toneladas por año, con un valor de 23 millones de dólares. Aparte del daño económico que provoca a las flotas que faenan legalmente, la pesca ilegal "socava los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible y la gestión responsable de las poblaciones de peces de todo el mundo", señala la FAO. Entre la pesca ilegal se incluye también la realizada por "embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de este, o contraviniendo sus leyes y reglamentos".

PUERTOS SIN CONTROL

Los buques de la pesca ilegal suelen desembarcar su mercancía en puertos sin demasiados controles y que no son de su país, por lo que el tratado que entra en vigor hace especial hincapié en los gobiernos de dichos terceros países. A partir de ahora los gobiernos deberán indicar los puertos donde pueden atracar los barcos pesqueros que no sean de su Estado, "lo que facilitará su control". A su vez, estos barcos "deberán solicitar permiso con antelación para entrar en los puertos, proporcionar información a las autoridades locales -incluyendo la relativa al pescado que llevan a bordo- y permitir la inspección de su libro de registro, licencias, artes de pesca y la carga real". El tratado prevé que la negación de entrada en un puerto se produzca aunque el barco quiera solo repostar.

El acuerdo establece que a "las embarcaciones que no cumplan con los nuevos requisitos establecidos, les será negados el acceso y el uso del puerto" y que "los mecanismos de intercambio de información y red portuarias serán activados".

VIGILANCIA POR SATÉLITE

Una vez denegada la entrada a los barcos de pesca ilegal, los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias sobre dichas embarcaciones. Por su parte, la FAO ayudará a coordinar la información local, regional y mundial sobre el movimiento de dichos buques, incluso con ayuda de satélites.

Numerosos articulos del tratado se refieren a la matriculación de los buques con pabellones de países con manga ancha, instándoles a mantener el control sobre una serie de normas, particularmente en lo que se refiere a la identidad "exacta" de los propietarios de los buques y de los usuarios de los mismos.

"Impedir que pescadores sin escrúpulos desembarquen su cargamento obtenido de forma ilícita, hace que sea mucho más difícil que este tipo de capturas entren en los mercados nacionales e internacionales", sostiene la FAO.