Tras la huelga convocada hace unos meses en Castilla-La Mancha, más de 1.200 farmacias de Valencia y Alicante cerrarán sus puertas durante los próximos días 19, 20 y 21 para protestar por los más de 550 millones de euros que les debe la Generalitat. La decisión fue adoptada ante el incumpliendo del plan de pagos por parte del Ejecutivo valenciano, que ayer reaccionó fijando servicios mínimos de 210 oficinas en toda la Comunidad Valenciana, que "garantizarán el abastecimiento de medicamentos" en todas las zonas.
La gota que ha colmado el vaso y ha puesto en pie de guerra a los farmacéuticos ha sido, según Salvador Calatayud, portavoz del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, la rotura por parte de la Generalitat del acuerdo de pagar durante los primeros 10 días de diciembre 60 millones de euros correspondientes a la mitad de las recetas dispensadas en mayo. "Estamos en una situación abocada al desastre si esto no se soluciona", aseguró el portavoz.
Hasta la fecha, según el colegio valenciano, han tenido que echar el cierre por quiebra al menos siete farmacias, otras 30 se encuentran en preconcurso de acreedores y dos en concurso. "Estamos hartos de poner en juego nuestro patrimonio y nuestro dinero", abundó el presidente del Colegio de Alicante, Jaime Carbonell. Como antesala de la protesta, unos 1.000 farmacéuticos realizaron ayer una pitada ante la consejería de Hacienda.
Esta deuda no es la única que la Administración tiene con el sector. La patronal Farmaindustria explicó ayer que los impagos acumulados de los hospitales españoles suman 5.800 millones de euros con una demora en cobro de 468 días. Según su presidente, Jordi Ramentol, "la situación está al límite". Muchas empresas corren el riesgo desaparecer, algunas multinacionales amenazan con irse de España y puede haber problemas de abastecimiento.
La patronal acusa al Gobierno de convertir los laboratorios en el "banco del SNS" (sistema nacional del salud), ya que, según Farmaindustria, las demoras en los pagos son las que permiten financiar la sanidad. "El nuevo Gobierno debe abordar seria e inmediatamente una solución", subrayó Ramentol, que explicó que cualquier salida que pase por contar con el aval del Estado para la colocación de la deuda tendrá su apoyo.
