La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha condenado la sanción de 1.000 euros impuesta por un juez al periodista de "El Mundo" Antonio Rubio por negarse a revelar sus fuentes de información sobre el 11-M y ha considerado "urgente" que el Gobierno regule el secreto profesional. La FeSP señala, en un comunicado, que el secreto profesional de los periodistas es uno de los pilares sobre los que se sustenta el periodismo profesional y considera que, si no existiera el derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes, "no podría existir este oficio".
"Esta multa no solo supone un atentado contra la libertad de información, sino que olvida que el secreto profesional es un derecho fundamental que está protegido en la Constitución", afirma. Según esta federación, este caso viene a demostrar "una vez más" la necesidad de que el Gobierno regule el secreto profesional, "un mandato constitucional -precisa- que lleva más de tres décadas de retraso". La FeSP recuerda que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a sacar adelante la Ley del Derecho a la Información y de los Derechos y Deberes de los Informadores en la anterior legislatura, "pero no cumplió su promesa".
"Los periodistas no deben tener privilegios sobre el resto de la sociedad, pero para que sea una realidad plena el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural tienen que estar amparados por unos derechos, entre ellos, el secreto profesional, que no pueden ser vulnerados", agrega.
