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El Castor pasó de proyecto estratégico a infraestructura fallida, pero su consesionaria recibió una compensación pagada a plazos por los usuarios

 

Impulsor 8 Florentino Pérez, el pasado 29 de octubre. - AFP / JOSEP LAGO

REDACCIÓN
04/01/2018

El proyecto del Castor surgió por la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento para las reservas estratégicas de gas en España. En este caso se optó por un antiguo depósito de petróleo a 21 kilómetros de las costas de Vinaroz (Castellón.

El proyecto

El almacén tenía capacidad para 1.900 millones de metros cúbicos, el equivalente al consumo español durante 50 días. La idea era luego poder extraerlo con rapidez en épocas de menor disponibilidad. Ello evitaría grandes fluctuaciones en el precio del gas. El Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, participada en el 66,67% por ACS, la empresa del también presidente del Real madrid Florentino Pérez. Además de la plataforma de inyección y extracción en el mar, el Castor incluía también una conducción submarina y una estación de procesamiento en Vinaroz, con un coste total estimado de 1.700 millones de euros. El proyecto fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008 mediante un real decreto y las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión, poco a poco, para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino. Al principio no hubo problemas, pero las cosas cambiaron cuando el depósito comenzó a llenarse.

Terremotos

A partir de septiembre del 2013, tras seis meses de inyección de gas, empezó una crisis sísmica que generó cerca de un millar de temblores. La mayoría fueron de escasa magnitud, pero los tres mayores, percibidos con claridad por los habitantes de las localidades más próximas, como Vinaroz, Benicarló y Alcanar, tuvieron una magnitud de 4 o más en las escala de Richter y sembraron la intranquilidad entre los vecinos. La persistencia del fenómeno y la coincidencia de los epicentros apuntaron enseguida a un único origen: la falla tectónica de Amposta se estaba moviendo debido a la presión generada por la actividad del Castor.

Decreto de paralización

En septiembre del 2013, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, ordenó paralizar los trabajos al constatarse, según el dictamen científico, su clara relación con los seísmos. Entre otras instituciones, se habían pronunciado en este sentido el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Primero Soria anunció su voluntad de no pagar la indemnización a la sociedad concesionaria. Pero el Consejo de Ministros anunció poco después, el 4 de octubre del 2013, que pagaría 1.350 millones de euros a Escal, cerca de los 1.700 exigidos por la empresa, por obligarle a cesar la actividad. La compensación estaba reconocida en un real decreto del 2008 firmado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y tenía su origen en otro precepto de su antecesor, Joan Clos.

El MIT avala el cierre

Finalmente se optó porque Castor no volviera a funcionar, aunque debía seguir tal y como se encontraba. Y es que la extracción de los hidrocarburos inyectados en su interior podría ocasionar terremotos de gran magnitud, muy superiores a los ya registrados, según anunció en mayo del año pasado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, al presentar el informe sobre el futuro de la instalación encargado al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Estos expertos afirmaron que extraer el gas ya depositado afectaría gravemente a la falla tectónica de Amposta, incluyendo la posibilidad de «una ruptura completa», lo que podría «provocar un terremoto de magnitud mayor o igual a 6,8».

Recargo en el recibo

La indemnización prevista, cuestionada por el Tribunal Constitucional el mes pasado, se abonará en el recibo durante 30 años. La suma prevista más los intereses lo eleva a más de 4.700 millones de euros. La Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que los costes financieros también se incluyan. Los derechos de cobro los tienen el Santander, Bankia y CaixaBank, a los que se les cedió mediante una puja.