La Fiscalía de Baleares considera que no tiene indicios para continuar las diligencias en torno al caso de la supuesta agresión a la niña de 8 años en el colegio Anselm Turmeda de Palma. Los presuntos culpables son menores de 14 años y no pueden enfrentarse a la justicia. Son inimputables por ley. Solo por eso, dice el fiscal superior, Bartomeu Barceló, no puede abrirse un expediente de reforma.

Pero hay más. De manera totalmente insólita, la Fiscalía hace públicas sus conclusiones y pone en duda la gravedad de las lesiones de la menor, tal y como apuntó la familia. Se remite al parte médico que indica que la niña sufrió arañazos, rozaduras y algún hematoma, pero puntualiza, el informe no habla de desprendimientos ni daños en órganos, como han sostenido la madre y las hermanas.

En su comunicado, el fiscal considera lo ocurrido en el patio del colegio como “un hecho puntual sin trascendencia”, por eso, añade, “la discrepancia y confusión de matices puede llevar a conclusiones erróneas o equivocadas”.

Barceló recrimina también la actitud de los medios de comunicación, a los que reclama "mesura y rigor" en la información sobre el caso. Critica que hayan generado "una corriente de opinión basada en una única versión, sin un contraste mínimo".

Ante las noticias publicadas tras los hechos denunciados por la familia de la niña, Barceló ha advertido en un comunicado de que la falta de mesura y rigor pueden afectar a los derechos fundamentales de los menores implicados, tanto de los perjudicados como presuntos responsables o terceros.

Ha citado como ejemplo que los partes médicos emitidos sobre las lesiones sufridas por la menor agredida el pasado 5 de octubre indican que revisten "la consideración de leve" y no coinciden "con muchas de las afirmaciones al respecto surgidas en los medios de comunicación", cuando "pueden suponer matices muy importantes en cuanto a lo sucedido".

El fiscal superior de las islas ha recordado en la nota la "especial consideración" que merece "el tratamiento periodístico de los temas con menores implicados" y ha remarcado que "deberían ser tratados con mayor mesura así como con un cierto rigor".

Ha recalcado que "pueden suponer graves afectaciones de derechos, generación de conclusiones equivocadas o erróneas" y también "graves consecuencias de futuro para dichos menores a corto, medio o largo plazo".

Barceló ha indicado que el papel de la Fiscalía es velar por los derechos de cualquiera de los menores implicados en el asunto y proteger su honor, intimidad personal y familiar e imagen "incluso en contra de la posición al respecto que puedan mantener sus representantes legales".