El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera "preocupante" el aumento del número de menores que agreden a sus padres, principalmente varones que la emprenden contra la madre. Es por ello que ha enviado una instrucción a los fiscales superiores y provinciales de toda España para que agilicen la tramitación de las causas abiertas por este motivo y que las remitan a los servicios sociales, para evitar la fase judicial, que "siempre es más traumática".
Conde-Pumpido ha desvinculado este fenómeno de las familias desestructuradas y ha alertado de que cada vez se dan más casos en familias con un nivel económico y social alto. En su instrucción, el fiscal insiste en desvincular el fenómeno del nivel económico de las familias y lo enmarca en las "deficiencias del proceso educativo".
En el documento, de 36 folios, el fiscal señala que si bien desde un punto de vista sociológico estas conductas se asocian a familias monoparentales en las que el menor se ha criado con la madre, "hacia la que adopta posturas patriarcales y machistas", en los últimos tiempos se está detectando "una evolución en el perfil" del niño o adolescente: la víctima sigue siendo "mayoritariamente" la madre, pero cada vez hay "mayor equiparación" entre maltratadores hijos e hijas.
INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS
El fiscal apuesta por la participación de las instituciones de protección de menores y por la intervención terapéutica, ya que en las primeras fases puede evitar las actuaciones "siempre más traumáticas" del sistema judicial. En este sentido, insta a los fiscales a diferenciar los casos en los que los padres denuncian problemas conductuales de los hijos (como absentismo escolar o indisciplina) y piden ayuda de los casos que lo que ya exista maltrato.
En el caso de menores de 14 años, Conde-Pumpido subraya que, pese a la exención legal de responsabilidad penal, existe "un importante factor de riesgo que debe atenderse desde el sistema de protección con todos los recursos disponibles". E insta a no archivar el caso sin informar a los padres sobre los programas extrajudiciales disponibles.
ORDEN DE CELERIDAD
El documento recuerda que el principio de celeridad es básico e insiste en que los procesos deben ser "especialmente ágiles y breves" porque demorar el proceso "genera el incumplimiento de los objetivos perseguidos e intervenciones inútiles e incluso contraproducentes" por lo que todos los fiscales deberán indicar por escrito que se trata de un tema de maltrato para imprimir la mayor agilidad "en todos los trámites".
"Ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta rápida" en estos casos de violencia, el fiscal señala como "generalmente aconsejable" que se adopte alguna medida cautelar e indica que cuando se trata de malos tratos habituales, la tutela cautelar del menor "es más importante que la tutela declarativa" que pueda recoger la sentencia, ya que tras la denuncia se incrementa "considerablemente" el riesgo de que se produzcan más agresiones.
CONTRA LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
Por ello, recuerda que una medida cautelar sin privación de libertad puede prolongarse hasta la sentencia y señala que cabe imponer medidas de alejamiento, así como libertad vigilada o la obligación de residir en un centro de protección. No obstante, indica que en la mayoría de los casos, los menores maltratadores no delinquen fuera del entorno familiar, por lo que "será aconsejable acudir a medidas no privativas de libertad".
En este sentido, Conde-Pumpido recomienda imponer la "convivencia con grupo familiar o educativo" fuera del domicilio habitual del menor. Sin embargo, esta medida deberá combinarse con tratamiento terapéutico y se prolongará por periodos no inferiores a 10 o 12 meses. Es "especialmente conveniente" que se solicite esta medida junto a la de libertad vigilada.
