Nueva vuelta de tuerca. El enfrentamiento entre Fomento y los controladores aéreos no tiene visos de resolverse, sino lo contrario. El anuncio, ayer, del ministro José Blanco de que el Gobierno habilitará a militares para que ocupen los puestos de estos profesionales en los centros de control supuso que las posturas aún se enconaran más.

Además, la Fiscalía cogió el guante lanzado por el titular de Fomento el domingo y anunció que investigarán las bajas de estos profesionales. El Gobierno sostiene que el absentismo de las últimas semanas es una forma de presionar en la negociación del convenio colectivo. El sindicato mayoritario, USCA, lo niega y atribuye las faltas laborales a la mala gestión de la plantilla. Advierte de que la forma de tratar este conflicto por parte del ministerio solo busca "enmascarar" lo que realmente ocurre en la red de AENA.

Y, por si fuera poco, una huelga (esa sí, anunciada y validada por las autoridades) de los controladores franceses se sumó a los problemas en el tráfico aéreo. Esta última circunstancia obligó a compañías como Iberia a anular hasta 26 trayectos entre ayer y hoy. Pero el choque entre controladores y Gobierno no ha supuesto ninguna cancelación, recordaron fuentes sindicales, sino demoras "de poca entidad".

PACTADO CON DEFENSA Y mientras los pasajeros comprobaban en las pantallas del aeropuerto si su avión había ido a parar a uno de los sectores en los que no había suficientes controladores, el ministro José Blanco exponía otra de las posibles soluciones para garantizar el tráfico sin sobresaltos: los militares.

El responsable de Fomento sostuvo que era una forma de garantizar la operatividad de estas instalaciones. Que solo se activarían en "casos excepcionales" y, para demostrar que no era una salida improvisada, reveló que había hablado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con la ministra de Defensa, Carme Chacón.

Pero esa alternativa originó un alud de respuestas a favor y en contra. La primera, de los propios afectados. USCA advirtió de que se trataba de una salida "irresponsable". Los pilotos de aviación comercial se sumaron a las críticas y avisaron de que los militares no estaban formados para gestionar el tráfico civil.

Horas más tarde, el propio Blanco se vio obligado a puntualizar que no se haría una incorporación inmediata. "No será mañana", observó. No obstante, sí insistió en que la formación de estos profesionales será "rápida". También dijo que las tareas en un centro de control son más complejas que en una torre.

De hecho, los militares ya participan en tareas de tráfico aéreo en varios aeropuertos españoles que comparten instalaciones con la actividad comercial, como Zaragoza, Murcia o Valladolid. Fuentes del Ejército del Aire aseguraron a este diario que estos profesionales están "capacitados" para desarrollar estas funciones, como así lo contempla una ley del 2003.

INTERES DE LA MINORIA Al mismo tiempo que se producían esas reacciones, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, cree que lo que se debía hacer es "garantizar que los ciudadanos no vean afectados sus desplazamientos por los intereses de una minoría". A renglón seguido, el máximo responsable del ministerio público dijo que se investigarán las bajas de los controladores, algo que también está haciendo la Seguridad Social.