La Fiscalía de Barcelona ha pedido este martes a la Audiencia de Barcelona que convoque una vista para solicitar el ingreso en prisión del profesor de educación física del colegio Marista Sants-les Corts, Joaquín Benítez, que este lunes fue condenado a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La acusación particular ejercida por las también ha requerido la celebración de esta vista que ahora deberá ser señalada por el tribunal que juzgó al exdocente.
Fuentes judiciales han mostrado su extrañeza porque este lunes Joaquim Benítez, el pederasta confeso del colegio de los Maristas en Sants-Les Corts, quedara en libertad y volviera a su casa después de que acudiera en persona en la Audiencia de Barcelona para que se le notificara la sentencia que le condenaba a 21 años y nueve meses de prisión por cuatro delitos sexuales. En ese momento, nadie pidió al tribunal que convocara la comparecencia prevista en la ley para solicitar el ingreso en la cárcel del exeducador, a pesar de la alta pena impuesta y, por lo tanto, del riesgo de fuga que existe.
Los abogados de los cuatro exalumnos que denunciaron al exprofesor se reunieron nada más conocer la sentencia, pero no les dio tiempo a pedir a los magistrados que señalara la vista, a la que tendrá que asistir el propio Benítez. Lo han hecho esta mañana, al igual que la Fiscalía de Barcelona. Desde el 6 de febrero del 2016, cuando el juez interrogó por primera vez a Benítez, tras la publicación en este diario una entrevista en la que reconocía los abusos, el exdocente está en libertad. El magistrado no lo encarceló y solo le prohibió salir de España, le retiró el pasaporte, le ordenó comparecencias semanales en comisaría y le prohibió hacer actividades educativas, culturales, recreativas o de cualquier otro tipo, ya sean retribuidas o no, donde haya menores. El exprofesor vive fuera de Barcelona.
ste martes, los abogados de las cuatro víctimas han presentado ante el tribunal un escrito conjunto en el que reclaman el ingreso en prisión para Benítez y que se convoque, por lo tanto, la vista para debatir esta petición. Los letrados exponen que la condena al exprofesor de los Maristas "supone un importante cambio de las circunstancias" que motiva la necesidad de que el procesado entre en un centro penitenciario y asegurar el cumplimiento de la sentencia.
El mismo patrón que otras denuncias
En este mismo sentido, alegan que "no estamos ante meros indicios delictivos" como en la fase de instrucción en el juzgado, sino ante una sentencia condenatoria “por unos hechos especialmente graves” que, incluso, han sido reconocidos, en parte, por el acusado. El exdocente admitió en el juicio haber realizado felaciones a dos alumnos, aunque negó haber abusado con tocamientos de otros dos. “Los abusos sexuales perpetrados a nuestros representados tienen el mismo patrón” que otras muchas denuncias presentadas por otros exestudiantes, que no han prosperado por la prescripción del delito, “pero que están pendientes de reclamación civil”, recalcan. Los magistratos explican en su fallo judicial que Benítez siempre convencía a los alumnos a que acudieran a verle a su despacho con la escusa de que les trataría de alguna lesión o molestia, les hacía tumbar en la camilla y abusaba de ellos. El procesado ha llegado a acumular hasta 17 denuncias, de las que solo cuatro han prosperado.
La acusación particular argumenta también que la presión mediática, “la proliferación” de denuncias por hechos análogos, la pena de prisión impuesta y las reclamaciones civiles, “hacen evidente el riesgo de fuga” de Benítez. Destaca que exprofesor, además, no tiene arraigo, ni cargas familiares ni ninguna obligación que le vincule de “forma manifiesta” a un lugar. Es decir, podría huir.
Reincidencia y suidicio
Los letrados citan en su escrito el “no menos importante riesgo de reincidencia”. Concretan que si bien Benítez actualmente no trabaja, “lo cierto” es que si no ingresa en prisión, no existe “ningún impedimento para que siga en contacto con niños, pese al “enorme riesgo que ello supone para la sociedad en general y para los menores en particular”. Los abogados relatan la posibilidad de que Benítez se ponga en contacto con sus clientes, "de los que tiene todos sus datos personales", así como con el entorno familiar de los mismos. Concluyen poniendo de manifiesto el riesgo de que el exprofesor se suicide para impedir la ejecución de la sentencia, que, por otra parte, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
