Casi ocho años después de que el Prestige se partiera en dos y los hilillos de petróleo contaminaran miles de kilómetros de costa, el final del proceso judicial contra los acusados de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España comienza a vislumbrarse. Ayer acabó el plazo de presentación de los escritos de acusación, de forma que el juicio sobre la tragedia podría celebrarse en noviembre, según la Abogacía del Estado. El fiscal solicita 12 años de cárcel para el capitán del petrolero, mientras que la plataforma Nunca Mais reclama cinco años y un día para el entonces director de Marina Mercante, José Luis López-Sors, el único político finalmente imputado en la causa.
La fiscalía acusa al capitán, Apóstolos Mangouras, de un delito contra el medio ambiente, (por el que solicita una pena de siete años de prisión, una multa de 40 meses a razón de 24 euros al día y su inhabilitación durante cinco años), así como de daños en espacio natural protegido (delito por el que exige cinco años de cárcel y una multa de 20 meses con la misma cuantía).
CONOCIA LAS DEFICIENCIAS El ministerio público considera en su escrito que el acusado --que fue privado de libertad durante apenas tres meses después del accidente-- conocía las "deficiencias estructurales" del buque y el parte meteorológico y, pese a ello, "persistió en la decisión de continuar con la ruta prevista, sin buscar refugio en la costa". Además, una vez que se produjo el accidente, que se debió "a la falta de funcionamiento de una pieza importante", en lugar de intentar trasvasar la carga y "equidistribuirla por el buque", llenó los tanques laterales de agua, lo que, en su opinión, produjo la rotura del carguero. Tras el siniestro, añade el fiscal, el capitán se negó a que el petrolero fuera remolcado.
En total, el ministerio público solicita una indemnización de 2.200 millones de euros por los daños, que el capitán deberá pagar solidariamente con las aseguradoras del barco.
El juzgado de instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) recibió otros 69 escritos de acusación, entre ellos uno de Francia, que reclama 67,5 millones de euros.
