El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, trabaja a todo ritmo para dar una respuesta ejemplar al motín de los controladores. La fiscalía solo podrá mantener su investigación hasta que algún juez admita a trámite alguna de las querellas que han presentado los viajeros afectados por la huelga salvaje. A partir de este momento, tendrá que ceder sus pesquisas a los magistrados que se lo reclamen, aunque también puede presentar su propia querella contra los huelguistas.
Varias fiscalías, como la de Madrid y la de Barcelona, han incoado diligencias por un delito de sedición contra los técnicos aéreos, pero las fuentes consultadas no descartan que el abanico de delitos se amplíe, ya que el delito de sedición recogido en la ley de navegación aérea de 1964 tiene dificultades técnicas, al permitir esta norma que la pena se reduzca si los sediciosos han vuelto a su puesto de trabajo.
LA RESPONSABILIDAD Los controladores regresaron a las torres de control después de que fueran movilizados por el Gobierno tras decretarse el estado de alarma. Por ello, los fiscales barajan otras respuestas penales. Ade- más, la fiscalía quiere establecer el grado de participación de los controladores para castigar con mayor dureza a los responsables del motín, y bajar las penas a los que participaron individualmente y a los que se sumaron a la huelga salvaje porque fueron coaccionados.
Una posición que ayer fue defendida por el ministro de Fomento, José Blanco, que acusó al sindicato de controladores aéreos de haber presionado a sus compañeros para que abandonaran sus puestos.
Asimismo, fuentes fiscales han revelado que los controladores no tienen previsto acudir en masa al despacho del fiscal de Madrid el próximo jueves para evitar que las torres de control queden vacías.
