Algo --a juzgar por el jaleo que rodeó el caso-- había de previsible en que la muerte de Eluana Englaro no fuera solo el final sino el principio de algo más. A la noticia, aparecida esta semana, de que la justicia ha abierto una investigación sobre las últimas fotos que le tomaron a la enferma, un día antes de que falleciera, se suma ahora la denuncia por supuesto "homicidio voluntario" contra el padre, Beppino Englaro, y otras 13 personas, prácticamente todo el equipo médico que puso en marcha el protocolo para suspender su alimentación.
La Fiscalía de Udine investiga. Pero lo hace, según explicaron ayer fuentes judiciales italianas, porque no tiene otro remedio: en Italia, denuncia equivale a investigación. Por eso Beppino está tranquilo. Por eso y porque, como ha subrayado siempre --y especialmente cuando el Gobierno, dirigido por un Silvio Berlusconi más extravagante que nunca, desplegó todo su arsenal para salvar a Eluana--, sus armas para salir adelante han sido sin falta las de la legalidad. "La apertura de esta investigación no implica de ninguna manera el cuestionamiento de los investigados --declaró el abogado de los Englaro, Vittorio Angiolini--. Podría perfectamente acabar en nada, pero la fiscalía no tenía alternativa".
La denuncia la interpuso la asociación italiana Comité Verdad y Vida, que se presenta como "no confesional" pero defensora de las tesis del Vaticano en el espinoso asunto de la eutanasia. Su presidente, Mario Palmaro, explicó que el documento que han presentado ante la justicia "incluye nombres y apellidos". "Se trata de una relación detallada --añadió-- en la que llamamos a la causa a Beppino Englaro, al personal médico y a las enfermeras, así como a los responsables de la clínica". Los 17 años que Eluana pasó en coma vegetativo acabaron el 9 de febrero en el centro de reposo La Quiete, en Udine, cuya sede terminó sitiada por las protestas, la tormenta política y la omnipresente presión del Vaticano.
El fiscal de Udine, Antonio Biancardi, manifestó que la denuncia del Comité Verdad y Vida no es sino una entre muchas, "numerosas" denuncias recibidas, y explicó que la fiscalía ha tenido que "separar las denuncias específicas contra las personas posteriormente inscritas" de las que tachó de "delirantes", "exentas de relevancia penal y de acusaciones precisas".
