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INICIATIVA PIONERA

La fiscalía no se fía de la Iglesia en los casos de abusos a niños

Propone revisar los mecanismos para detectar y prevenir estas conductas. Rechaza que la denuncia pase antes por el filtro de las entidades implicadas

 

El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, pide perdón a las víctimas de abusos, el pasado febrero. - MARC VILA

J. G. ALBALAT
25/06/2019

La Fiscalía General del Estado alerta en un informe enviado al Ministerio de Justicia sobre la necesidad de aunar esfuerzos para combatir los abusos o agresiones sexuales a menores en la Iglesia católica y la necesidad de crear mecanismos «eficaces y fluidos» para la prevención, detección, persecución y reparación en estas conductas. Pero advierte de que la denuncia debe realizarse ante la Administración «por quien haya recibido la noticia o disponga del conocimiento directo» de las sospechas, evitando «comprobaciones o filtros internos de verificación previos» por parte de la institución implicada. Y ello, «sin perjuicio, por supuesto, de las medidas que esta deba o pueda adoptar para evitar reiteraciones de hechos similares».

En su opinión, son las administraciones «competentes y especializadas» en la protección de menores (entidades públicas y fiscalía) «quienes deben asumir el estudio del caso» y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, «deben velar por la protección de los afectados». El informe sostiene que, por lo tanto, «se impone, pues, una revisión, actualización y profundo perfeccionamiento de los protocolos para poder dar así una respuesta más eficaz a tan grave problema».

ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS / La fiscalía aboga por el perfeccionamiento de los mecanismos de actuación para denunciar estos hechos. Para ello se ha propuesto iniciar de «forma inmediata» contactos con las entidades implicadas «a fin de establecer cauces de comunicación y colaboración para profundizar en esta línea». En su opinión es indispensable la «revisión y actualización» de los protocolos.

El ministerio público no ha podido cuantificar, por la deficiente estadística existente, cual es el número concretos de investigaciones por abusos sexuales a alumnos en el ámbito religioso, tal y como le requería el Ministerio de Justicia. Pero sí ha podido concretar los escritos de acusación por abusos o agresiones sexuales a menores de 16 años a nivel general. Así, en el 2017 se presentaron 965 y en el 2018, 1.091. La sentencias registradas fueron: en el 2017, 560, y en el 2018, 737. La fiscalía ha abierto en los tres primeros meses del año 30 investigaciones.

El informe detalla que el « fenómeno de las agresiones o abusos sexuales a menores que tienen lugar en el seno de las actividades que desarrollan congregaciones, centros de enseñanza e instituciones religiosas es una realidad compleja, pues se trata de entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad donde la detección de los casos presenta dificultades por diversos motivos». Admite que este problema no es solo una cuestión de «respuesta penal, sino que «también son necesarias iniciativas que permitan detectar los casos». Es la única manera de «articular una respuesta penal eficaz, reparar en lo posible a las víctimas y desplegar mecanismos de prevención».

La fiscalía pone como ejemplo las comisiones de investigación de Australia, Holanda y Austria. Si se hiciera una en España, la fiscalía se compromete «a colaborar e implicarse» en esta iniciativa para «obtener un conocimiento histórico y extraer las consecuencias». Al mismo tiempo, desde la Fiscalía General del Estado se está llevando a cabo un seguimiento de las actuaciones que, en los ámbitos de los centros de enseñanza católicos, las diversas diócesis de España (como las de Burgos, Sigüenza y Astorga) y la propia Conferencia Episcopal Española, se están realizando para elaborar y actualizar los protocolos de actuación.

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