La fiscalía presentó ayer ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un recurso de alzada contra el acuerdo de este órgano de multar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado y ha solicitado que se le imponga la sanción de suspensión por tres años.
En una nota de prensa, la fiscalía informa de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, señala en su recurso que Tirado --que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés-- es autor de una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación de la causa.
El juez "debería haber establecido un mínimo control sobre el estado de todas y cada una de las ejecutorias que se tramitaban en el juzgado, lo que le hubiera permitido, al efectuar dicho control, detectar la existencia de la ejecutoria 31/06 y del estado de paralización en que se encontraba", dice el recurso.
Este discrepa del acuerdo de la Comisión Disciplinaria del CGPJ (cuya causa fue instruida por el juez Wensceslado Olea, del TSJEx), que atribuyó parte de la responsabilidad de lo sucedido a la secretaria judicial, al fiscal y a los funcionarios del juzgado.
Y añade: "Mantener que la responsabilidad derivada del retraso debe mitigarse por el hecho de la inexistencia de la dación de cuenta por parte de la secretaria del juzgado, o a la actitud pasiva de otros colaboradores (...) es desenfocar la realidad de a quién debe imputarse la responsabilidad".
La revisión de la sanción es uno de los primeros asuntos que debe resolver el nuevo pleno del CGPJ.
