La fiscalía anunció ayer que impugnará ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce el derecho de un alumno de tercero de la ESO de Huelva a objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El objetivo es que el Supremo unifique la doctrina y evitar sentencias dispares, como las ya dictadas por otros tribunales superiores, como los de Asturias y Cataluña, que descartan la posibilidad de objección de conciencia.
El ministerio alega que ha habido una doble infracción de jurisprudencia: sobre el derecho a la libertad ideológica y sobre el de libertad de educación. También aprecia que el TSJA ha utilizado las mismas sentencias del Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para llegar a conclusiones dispares a la del alto tribunal de Asturias, que rechazó una caso similar.
El Ministerio de Educación anunció que ha remitido el fallo del TSJA a la abogacía del Estado para que estudie la posibilidad de que este se persone en la causa. Sin embargo, la sentencia ha reactivado la campaña contra la asignatura por parte de los sectores ultraconservadores, que animaron ayer a los padres a continuar con las demandas de objeción. Según sus datos, ya alcanzan las 30.000.
El líder del PP, Mariano Rajoy, celebró la sentencia y aprovechó ayer un mitin en Girona para recordar que suprimirá la materia si logra la Presidencia del Gobierno.
