Florida vuelve a ser esta semana el laboratorio donde Estados Unidos debate las fronteras entre legalidad y moralidad mientras seres de carne y hueso quedan atrapados entre leyes y ética. Esta vez sobre la mesa está el derecho al aborto de una menor de 13 años que quedó embarazada mientras estaba al cuidado de la agencia de servicios sociales. Esa agencia --que no notificó a las autoridades las escapadas de la niña, en una de las cuales quedó embarazada-- le ha prohibido abortar alegando que es "inmadura" para tomar la decisión, aunque no para ser madre.

L. G., como se denomina a la menor en los papeles judiciales, estaba bajo cuidado del Departamento de Niños y Familia de Florida desde hace al menos dos años, cuando sus padres perdieron su custodia. Vivía en una casa de acogida de la que escapó varias veces. En una de esas huidas, que se prolongó durante un mes a principios de este año, quedó embarazada, algo que descubrió al ir al médico.

INTERVENCION ANULADA Nada más conocer su estado la menor expresó su deseo de abortar. La intervención estaba prevista para el pasado martes, pero se detuvo ese mismo día, cuando los abogados de la agencia del Departamento de Niños y Familia presentaron una moción de emergencia ante un juez en el condado de Palm Beach.

El magistrado, Ronald Alvarez, firmó una orden temporal en la que bloqueó el aborto y ordenó un examen psicológico de la menor. La niña está siendo representada legalmente por abogados de la progresista Unión de Libertades Civiles, que aseguran que nunca ha sido ingresada por problemas mentales y que es competente para decidir.

El debate vuelve a agitar en Florida aguas que se revolvieron recientemente con el caso de Terri Schiavo y que, como entonces, tocan temas como el derecho a la vida o a decidir. En este caso, por un lado, los abogados de la menor dicen que tiene derecho a decidir y recuerdan que el Supremo de Florida determinó que la Constitución ofrece una protección de privacidad.

LEY ESPECIAL Además, recuerdan que una ley del Estado se redactó específicamente para hacer que los menores no tuvieran que tener permiso de los padres para abortar. En el otro extremo, los abogados de la agencia estatal, secundados por entidades provida, aseguran que a ellos la ley les prohíbe que cualquier persona bajo su cuidado aborte.

El juez ha sido muy duro con la agencia, a la que ha criticado por no haber notificado que la menor había escapado.