Ya no se trata solamente de la denuncia de las oenegés. Esta vez son los especialistas, los médicos forenses, los que certifican que las pruebas médicas con las que las comunidades autónomas cuestionan la minoría de edad de los jóvenes inmigrantes que llegan a sus territorios "no deben ser usadas a menos que no se disponga de otro método más fiable" porque la prueba ósea y dental que se practica está sujeta a "grandes variaciones".
El documento, avalado por 33 responsables de medicina legal de toda España y presentado ayer en unas jornadas, advierte de que para la estimación de la edad deben tenerse en cuenta también cuestiones como una entrevista personal o un examen físico del joven y, eventualmente, un estudio de la clavícula.
"Son métodos sujetos a grandes variaciones, pero es la única metodología que existe y, si hay que utilizarla, debe hacerse bien", dijo el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Barón, encargado de presentar estas conclusiones.
APOYO DE LA DEFENSORA La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, impulsora de la reunión de ayer, recordó que se ha producido un enorme número de quejas, la mayoría sobre la "preocupante" horquilla de cuatro años que ofrecen las pruebas óseas. También recordó que en caso de duda sobre la edad "se debe beneficiar al menor".
La defensora insistió en la importancia del Registro Central de menores no acompañados, que no funciona, y lamentó que hayan aumentado el número de pruebas de edad, incluso en aquellos casos en los que el menor tiene un pasaporte.
Diversas comunidades autónomas cuestionan el pasaporte de decenas de jóvenes inmigrantes no acompañados cuando por su aspecto deducen que pueden ser mayores de edad.
Los forenses también reclamaron que las pruebas sean ordenadas por un juez o por la fiscalía, y que en cualquier caso la decisión final sobre la edad del joven recaiga en la autoridad política, no en la policial.
Los especialistas también apuestan en su documento por la implantación de Institutos de Medicina Legal en aquellas regiones --como la Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla-- donde no existen y se plantean este tipo de casos; y en las comunidades donde ya los hay, que se creen unidades especializadas.
PRESERVAR LA DIGNIDAD Asimismo, los forenses recuerdan que la exploración debe preservar la dignidad y seguridad del joven extranjero, al que deben informar detalladamente de la realización de estas pruebas para obtener su consentimiento.
El fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, recordó que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, "es necesario el consentimiento informado del menor y esto trae como consecuencia que en aquellas comunidades donde se adoptan estas prácticas sin ese consentimiento, sean nulas de pleno derecho".
El director del Instituto de Medicina Legal de Murcia explicó que, según un informe forense, el 10% de los menores estarían mal clasificados y un tercio de los mayores sometidos a estas pruebas fueron clasificados como menores.
