Los médicos franceses podrán obviar el secreto profesional para denunciar un caso de violencia de género cuando la vida de su paciente corra peligro, se generalizará el uso del brazalete electrónico, los profesores recibirán formación sobre igualdad de género, se mejorará la atención en comisarías, los homicidas condenados perderán la patria potestad, se penalizará la incitación al suicidio, se abrirán mil centros de acogida de urgencia para mujeres y se crearán espacios de rehabilitación para hombres violentos.

Son algunas del medio centenar de medidas del plan de lucha contra la violencia machista que ha presentado este lunes el Gobierno francés en la clausura del grupo de trabajo interministerial que durante los últimos tres meses ha abordado este asunto. El primer ministro, Edouard Philippe, ha anunciado un presupuesto de 360 millones de euros en 2020 y se ha quejado de la frecuencia con la que se compara Francia con España, país al que las asociaciones feministas francesas ponen a menudo como ejemplo.

“No quiero entrar en una competición estéril y en el fondo bastante indecente sino presentar las cifras tal y como son”, ha dicho antes de asegurar que Francia destinará en 2020 más de mil millones a las políticas de igualdad, 360 de los cuales serán para luchar contra la violencia de género. “Los medios financieros están ahí .Son masivos. No falta dinero”, abundó.

Pero ni las medidas -muchas de las cuales ya existen, como la posibilidad de derogar el secreto médico o la formación de los docentes, que lleva casi una década en marcha- ni los recursos económicos responden a las peticiones de las organizaciones feministas, que reclaman 1.000 millones de euros para afrontar la violencia de género. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado a 220 millones de euros el dinero destinado al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en su proyecto de presupuestos.

INMENSA DECEPCIÓN

“Una decepción tan inmensa como las expectativas”, dice el colectivo Nous Toutes (Todas Nosotras), que lamenta el “menosprecio” del Gobierno y ha convocado esta tarde en París una manifestación de protesta.

“Muchas de las medidas anunciadas ya existen. Esperábamos medios financieros que marcaran un cambio de escala. En ese sentido, cero puntos. No cambian las políticas públicas dedicadas a la lucha contra la violencia sexista y sexual. Las cifras no bajarán”, denuncia el colectivo, quien recuerda que en 2018 se destinaron 360 millones y por lo tanto no hay ningún aumento para 2020.

Por su parte, el diario Le Monde revela que no hay ninguna dotación presupuestaria nueva salvo los 30 millones dedicados a centros de acogida para niños que hayan presenciado escenas de violencia doméstica.

El descontento es enorme, sobre todo después de la masiva manifestación del pasado sábado exigiendo al Gobierno estar a la altura del reto. Unas 150.000 personas desfilaron por las calles francesas, la mayor marcha feminista de la historia del país, según los convocantes.

También la presidenta de Fondation des Femmes, Anne Cécile Mayfaire, cree que la cifra del Gobierno esconde una “trampa” porque tres cuartas partes del millón de euros destinado cada año a la lucha por la igualdad van destinados a organismos internacionales. “Las asociaciones piden un mínimo de 2.000 plazas más de alojamiento para mujeres que no pueden abandonar su domicilio”, ha declarado en France Info.

Aunque el primer ministro rechaza las comparaciones, la filosofía del plan francés se inspira en buena medida en la experiencia española, que le lleva en este terreno 15 años de ventaja al país vecino. Una de las medidas que se ha adaptado es la creación de un teléfono de atención a las víctimas abierto 24 horas 7 días a la semana. Entre los retos pendientes, la creación en Francia de tribunales especializados en violencia de género.

El presidente francés, Emmanuel Macron, considera la igualdad entre hombres y mujeres una prioridad de su mandato, pero hay una gran distancia entre la respuesta gubernamental y la creciente conciencia de la sociedad francesa de que el nivel de feminicidios es intolerable. Según el Observatorio nacional de violencia contra las mujeres, en el 2018 murieron 121 a manos de sus parejas o ex parejas, una cifra que la asociaciones elevan a 138 en lo que va de 2019.

Philippe ha admitido “las disfunciones de las que el Gobierno no ha querido tomar conciencia hasta hoy” y ha explicado que el nuevo arsenal legislativo persigue un triple objetivo: ir a la raíz del problema para “erradicar el machismo ordinario”, proteger a la víctima y tratar a los autores de la violencia para evitar que reincidan.

SUICIDIO FORZADO

Como la violencia psicológica suele preceder a la física, se aumentará de cinco a diez años de cárcel la pena por acoso moral que haya llevado a una mujer a quitarse la vida o a intentarlo, y el “suicidio forzado” se considerará una circunstancia agravante.

El Gobierno también estudiará la prohibición de las aplicaciones móviles que permiten seguir los movimientos de una persona, leer sus mensajes o piratear la cámara del teléfono creando un delito penal cuando se usen entre dos adultos.

En las últimas semanas la secretaria de Estado de Igualdad entre mujeres y hombres, Marlène Schiappa, había adelantado algunas decisiones, entre ellas requisar armas a un hombre violento desde el momento que hay una primera denuncia y la elaboración de un cuestionario destinado a policías y gendarmes para evaluar el peligro real que corre una mujer que acude a una comisaría.

“La primera victoria es haber roto la cadena del silencio. No es suficiente, pero es necesario”, ha resumido el primer ministro.