La Asamblea Nacional francesa ha aprobado hoy la controvertida ley que prevé suprimir el acceso a internet a quienes reincidan en realizar descargas sin permiso de películas y música. La norma, que entrará en vigor en octubre, convierte a Francia en uno de los países más severos del mundo sobre esta cuestión, tal como había pedido el presidente, Nicolas Sarkozy.

El texto, que ha tenido que ser rectificado después del dictamen del Tribunal Constitucional francés de antes del verano, prevé ahora que sea un juez quien ordene la suspensión del servicio y no una autoridad administrativa, como en el primer redactado.

Y exige que la ilegalidad de las descargas hayan sido advertidas, identificadas y repetidas por una autoridad nueva, la Hadopi, que deberá encargarse de la vigilancia de la red. También devuelve la presunción de inocencia al internauta, que con el primer redactado tenía que demostrar que no era su IP la que se había usado para un acto ilegal.

Seguir pagando

La nueva norma, presentada por el actual ministro de Cultura, Frédéric Mitterand, sobrino del expresidente socialista, exige al internauta sancionado que continúe pagando los recibos del servicio pese a que no pueda utilizarlo, en un periodo de tiempo que va de un mes a un año, y extiende bajo su ámbito de protección a los teléfonos móviles con conexión a internet.

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado el texto por 285 votos a favor y 225 en contra, y deberá volverse a ratificar a final de mes. En el debate, la oposición socialista ha afirmado que la ley no respeta a los derechos de autor, que no están protegidos suficientemente, y amenaza con llevar de nuevo el texto al Constitucional.

Los socialistas proponen aumentar el precio de la conexión a internet con una tasa que avale cualquier tipo de descarga.