Uber sigue con sus problemas con las autoridades en media Europa. El Tribunal Correccional de París ha condenado este jueves a la filial francesa de Uber a una multa de 800.000 euros, la mitad exenta de cumplimiento si no reincide, al considerar ilegal el sistema de puesta en relación de clientes con conductores no profesionales mediante su aplicación UberPop. La empresa replicó a su condena con el anuncio de que la recurrirá "inmediatamente".
El tribunal también sentenció al director de Uber para Europaoccidental, Pierre-Dimitri Gore Coty, y al director general de la empresa en Francia, Thibaud Simphal, a multas de 30.000 y 20.000 euros, respectivamente. En ambos casos, la mitad de esas sumas quedan exentas de cumplimiento, de forma que solo las tendrían que abonar en caso de reincidencia.
La compañía había sido juzgada por la organización ilegal de un sistema para poner en relación clientes con personas que ofrecen un transporte de personas de pago a través de UberPop sin estar constituidas en empresas y utilizando sus vehículos privados. La firma, en países como España, ha dado marcha atrás y comenzado a operar con UberX (coches con licencia VTC).
Se trata de una infracción establecida de forma precisa por una ley adoptada en octubre del 2014 para establecer un nuevo marco regulador del sector tras la llegada del servicio de los coches con chófer para particulares (VTC) y regular su competencia con los taxis.
De hecho, la actividad de UberPop fue suspendida en Francia en julio del pasado año y dos meses más tarde, el 22 de septiembre, el Consejo Constitucional validó la disposición que prohibía en la práctica esa aplicación de Uber y el negocio que lleva aparejado.
Además, el 7 de diciembre, el Tribunal de Apelación de París también había impuesto a Uber una multa de 150.000 euros por práctica comercial engañosa, al entender que presentaba lo que es un servicio de transporte de pago como un sistema para compartir gastos del coche.
Y la empresa es objeto de un procedimiento por los servicios antifraude que estudian si Uber debe declarar a los chóferes que utilizan su plataforma en tanto que asalariados.
La compañía estadounidense se exponía, en el proceso por el que fue sentenciado hoy, a una multa que podría haber llegado a 1,5 millones de euros. En cuanto a sus dos dirigentes, la Fiscalía les había reclamado el pago de 70.000 y 50.000 euros, así como la suspensión de toda actividad de gestión durante cinco años.
Por parte del sector del taxi, su abogado Jean-Paul Lévy se mostró satisfecho, en declaraciones a la emisora "France Info", del dictamen, que "es una decisión muy motivada" y pone en evidencia que los jueces han sabido romper la maraña del "edificio de sociedades pantalla" montados por Uber "para tratar de eludir la responsabilidad".
