La ausencia de gran número de parlamentarios en la Cámara de los Diputados francesa permitió ayer el rechazo del proyecto de ley que incluía la suspensión hasta un año de la conexión a internet de los usuarios reincidentes en la descarga ilegal de contenidos audiovisuales.

El proyecto de ley sobre la protección de la creación en internet no prosperó porque muchos parlamentarios, incluidos del partido gobernante UMP, adelantaron sus vacaciones de Semana Santa, después de que el texto hubiera recibido el visto bueno del Senado. A mano alzada y en un hemiciclo casi vacío que cuenta con 577 escaños, 15 diputados se pronunciaron a favor del texto mientras que 21 votaron en contra, impidiendo así, contra pronóstico, aprobar el controvertido texto para la "protección de la creación en internet".

Este pretendía que una Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet pudiera sancionar al usuario que descargue ilegalmente contenidos audiovisuales y obligarle a seguir pagando su conexión durante el período de sanción, después de haberle advertido por carta en dos ocasiones.

SUSPENSION DEL ABONO La suspensión del abono para los "reincidentes" podría durar entre dos y doce meses, según la versión del proyecto de ley que llegó al Parlamento, aunque se preveían fórmulas para rebajar la sanción.

También se incluyeron en el mismo disposiciones para evitar que los piratas eludan la medida a través simplemente de un cambio de proveedor de internet.

El proyecto de ley llegó a la Cámara de los Diputados revisado y endurecido por una comisión mixta de parlamentarios, que volvió a incluir en el mismo la denominada doble pena . Esta obligaría al internauta a pagar su conexión a internet durante el período de sanción, que oscilaría entre dos meses y un año.

El rechazo del texto, no obstante, no entierra definitivamente el proyecto de ley, que el Gobierno volverá a llevar a las cámaras en "algunas semanas", según explicó el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi.

El plan del presidente galo, Nicolás Sarkozy, y de su ministra de Cultura, Christine Albanel, puso de manifiesto las diferencias entre Gobierno y oposición, después de que el bloque socialista -inicialmente a favor del texto- se posicionase junto a las asociaciones de internautas, contrarias al endurecimiento del control del Estado. Según un sondeo publicado recientemente en el semanario Journal du Dimanche , el 60% de los internautas se declararon "no favorables" al proyecto de ley, contra un 33% que lo defendía. Además, el 69% de los encuestados considera que la ley no sería eficaz y el 24% reconoce haber descargado ilegalmente música o películas.

A finales del pasado año, la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, se desmarcó de la polémica francesa y aseguró que el Ejecutivo comunitario "no puede ser utilizado para solventar problemas nacionales" en materia de infracción de los derechos de autor en internet. La Comisión abogó por "calmar el debate" y subrayó la importancia de crear "nuevos modelos de negocio" para difundir contenidos en la Red, que satisfagan a los creadores, los proveedores y a los ciudadanos y que tengan en cuenta el desarrollo de las tecnologías y la forma de consumir esos productos.