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tribuna

Frente al despoblamiento

 

CÉSAR RAMOS ESTEBAN (diputado del PSOE)
15/01/2018

L a población de determinadas zonas puede ser considerada por algunos como un fenómeno sociológico incontrolable, justificando bajo este argumento que desde sus responsabilidades políticas no hagan nada para evitarlo.

Si uno se detiene a analizar los últimos datos publicados por el INE, comprueba que de las catorce provincias que tienen más del 80% de los municipios en riesgo de extinción, se encuentran ocho de las nueve provincias de Castilla y León y entre las 10 primeras siete son de esta comunidad autónoma. ¿Es casualidad que esta comunidad autónoma esté gobernada desde hace 30 años por el Partido Popular? Evidentemente, no, y esa crisis de despoblación es consecuencia en gran parte de las políticas aplicadas por este partido.

En Extremadura con la llegada de la autonomía y con los distintos gobiernos socialistas en la región, se aplicó una filosofía política cuyo principal objetivo era considerar a todos los ciudadanos iguales. Para ello se creó una red de servicios públicos que garantizaran las mismas condiciones a todos, independientemente de donde vivieran, poniendo en marcha un ambicioso plan que revertiera la situación deficitaria de servicios públicos provocada por muchos años de gobiernos de la derecha que habían abandonado a su suerte a los ciudadanos extremeños. Mientras esto pasaba en Extremadura, en Castilla y León el Partido Popular aplicó una política de tierra quemada en las zonas rurales dejándolas sin servicios, para con ello provocar el abandono de los pueblos y la marcha hacia las ciudades de gran parte de la población.

Pero como tiene poco mérito analizar la situación sin plantear soluciones, voy a permitirme plantear algunas reflexiones y propuestas que pueden ayudar a mantener la vida en nuestros pueblos y con ello garantizar que cualquier ciudadano pueda vivir donde quiera y donde nació, sin tener que abandonarla por la falta de condiciones razonables.

Hasta ahora el sistema productivo imperante era el de grandes centro de producción alejados de los centros de consumo, pero esto está cambiando y es previsible que se pase a una producción distribuida con industrias más pequeñas, gracias al avance tecnológico y a los cambios en el modelo económico. Este nuevo modelo puede suponer una gran oportunidad para las zonas rurales que pueden atraer este tipo de tejido industrial que era impensable con la lógica de grandes fábricas. Pero para ello la parte pública debe garantizar determinadas condiciones como son: la existencia de buena conectividad a internet, infraestructuras de transporte que conecten de forma razonable estas zonas con los nodos logísticos, espacios donde se puedan situar estas empresas, infraestructuras eléctricas,… entre otras.

Los medios de transporte están sufriendo una gran revolución, pero esto está llegando principalmente a los grandes centros urbanos, por lo que es imprescindible poner en marcha un plan que garantice una movilidad lo más eficiente posible para todos los ciudadanos, también para los que vivan en las zonas rurales, y que permita conectarlos en poco tiempo con las grandes redes troncales de transporte. Para ello es fundamental que la parte pública juegue un papel principal, porque mientras los nuevos modos llegan de la mano privada a las zonas urbanas, para que sean una realidad en el medio rural se necesita la participación de lo público.

La garantía de unos servicios de calidad es una de las condiciones imprescindibles para evitar el abandono de las zonas rurales. Es esencial hacer un planteamiento que garantice la sostenibilidad de los mismos para que no sirvan de justificación a los que lo quieren eliminar. Pero se debe asumir que el coste de la prestación de servicio no es el mismo en todas las zonas, ya que depende de la población afectada y, por tanto, tendrá un mayor coste en las zonas con menor densidad de población. Además, se tiene que poner por encima el derecho de los ciudadanos a recibir esos servicios antes que el coste de los mismos. Las diferentes realidades existentes a lo largo de la geografía española deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno central a la hora de diseñar la financiación autonómica compensando a las regiones que debido a la densidad y dispersión de la población les suponga un mayor coste de prestación de los servicios.