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Primera comunidad que prevé sanciones

Galicia podrá multar a quienes se nieguen a vacunarse de coronavirus

El Parlamento gallego aprueba la primera ley sanitaria que prevé multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública como la de negarse "injustificadamente" a la inoculación

 

Preparación de una dosis de la vacuna contra el covid en un centro de salud. - EFE / ALBERTO VALDÉS

EL PERIODICO
23/02/2021

El Parlamento de Galicia ha aprobado la reforma de la ley de salud gallega que establecerá multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas negarse "injustificadamente" a la vacunación. La propuesta fue presentada por el Partido Popular de Galicia, que ha logrado su aceptación con los votos a favor del partido de Feijóo.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) han votado en contra de la reforma de la ley de salud de 2008. Los partidos de la oposición han rechazado la obligatoriedad de la vacuna por considerar que solo servirá para "dar alas a los negacionistas". Por su lado, el PP gallego ya ha asegurado que estas multas solo se podrán establecer en circunstancias muy concretas.

No vacunarse considerado como sanción muy grave

Esta reforma de la ley establece como sanciones muy grave los incumplimientos de la obligación de usar la mascarilla o la "negativa injustificada" a la vacunación "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población". Entre las acciones sancionadas también se encuentran la falta de cumplimiento voluntario de las medidas de aislamiento o de la obligación de cuarentena, según figura en el informe elaborado.

Además, con esta regulación se faculta a las autoridades sanitarias a "adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento", siempre que se sospeche de la existencia de un posible riesgo inminente o grave para la salud del resto de ciudadanos.

Estas restricciones pueden ir desde la incautación de productos, hasta el cierre de empresas o limitación de horarios. También podrán ordenar a la prestación de servicios personales, así como medidas de control de personas enfermas y sometimiento a tratamiento o a cuarentena, entre otras.

Las medidas se adoptarán "de forma motivada, tras evaluar los principios científicos" y siguiendo "el principio de precaución", pero podrán establecerse siempre que "se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población".

La oposición lo califica de error

Para el diputado del PSdeG, Julio Torrado, esta reforma es un "dislate absoluto". A su juicio, "obligar a vacunar es como querer evitar los accidentes e tráfico prohibiendo los coches", en lugar de apostar por concienciación, y es una medida que solo servirá para "alentar al negacionismo". Torrado también ha aprovechada para dudar del "más que discutible encaje legal" de la medida, ya que restringe derechos y libertades individuales.

"Los negacionistas que ustedes mismos alimentaron están ahí fuera haciéndole el caldo gordo al Gobierno", ha lamentado Torrado, quien ha argumentado que su partido no puede apoyar esta ley por "rigor, sensatez y por la convicción plena en la ciencia" que parece que la Xunta "no tiene".

Por su lado, Iria Carreira, del BNG, ha situado el problema con esta ley en la falta de dosis y de personal sanitario necesarios. Carreira ha advertido de que la población gallega "no es que no quiera vacunarse, sino que no puede" y ha admitido que considera un grave error enfocar un problema de salud pública como si fuese de orden público, en lugar de aprovechar la ley para reforzar el sistema sanitario.

La diputada del PP Encarnación Amigo ha recalcado que no existe una "supuesta obligatoriedad de las vacunas", sino que solo podrá sancionarse en circunstancias muy concretas y ha instado a la oposición a apoyar la nueva reforme y no ponerse del lado de los negacionista.

A la reforma de la ley de salud, que entró en el Parlamento el pasado mes de noviembre y fue tramitada por el procedimiento de urgencia, se presentaron 54 enmiendas de la oposición, pero solo se ha incluido en el texto final una del BNG referida a "revisar el lenguaje sexista" del texto.

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