El Ministerio de Justicia sigue dando a entender que limará algunas aristas de su proyectada reforma de la ley del aborto y entreabriendo la puerta a supuestos en los que pueda seguir estando permitida la interrupción voluntaria del embarazo. Su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió ayer en una entrevista en Onda Cero que la futura norma, "en fase de elaboración", recogerá como causas legales para abortar algunos casos de malformaciones severas del feto y de riesgo de "daño psicológico para la madre". Pero ni él ni su equipo aclararon en qué términos.

Al referirse a las malformaciones fetales, el ministro se movió en la imprecisión. Dijo que la nueva ley "resolverá las situaciones difíciles para la mujer", pero cumpliendo los compromisos internacionales sobre las personas con discapacidad, es decir, que no entrarían las discapacidades ni problemas de salud del feto. Gallardón no aclaró ni ayer ni en su comparecencia en el Senado del martes el grado de gravedad que deberán tener las anomalías fetales para ser causa legal para interrumpir un embarazo, pero sí prometió que se buscarán "mecanismos" para "garantizar la aplicación" de estos supuestos. En todo caso, en el año 2011 solo se registraron en España 356 abortos por anomalías gravísimas e incurables y otros 3.244 por problemas de salud del feto. Sumados ambos apenas representan el 3% de los 118.359 abortos, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad.

El departamento que dirige Ana Mato aún no ha sido consultado, según un portavoz, sobre la definición y el límite de estos casos, ni sobre el supuesto de "riesgo físico y psicológico para la madre", previsto en la legislación de 1985 y que Gallardón aseguró que seguirá existiendo, sin concretar más. Este supuesto fue el más utilizado por las mujeres que abortaban hasta la ley del 2010. Desde entonces solo se permite hasta la semana 22 de embarazo y basta con el certificado de un médico. Los grupos antiabortistas siempre lo han considerado un "coladero" y piden, como han recogido borradores de la ley de Gallardón, exigir la certificación del riesgo por parte de al menos dos médicos independientes de la clínica que vaya a practicar la interrupción.

El aborto es un tema que queda fuera de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, esgrimidos por el Ejecutivo, por ejemplo, para dar más peso a la clase de Religión en la futura reforma educativa. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, lo lamentó ayer y aseguró que los obispos no han mantenido conversaciones con el Gobierno sobre el asunto. En todo caso, las últimas declaraciones de dirigentes del PP muestran una clara división en su seno. Frente a quienes, en línea con la Conferencia Episcopal, defienden la prohibición total, incluso tras una violación, como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se alzan diputados como Celia Villalobos y Alfonso Alonso, que piensan de manera muy distinta.

MINIMA RECONSIDERACION La realidad es que Gallardón lleva demorando la presentación del texto varios meses, en los que ha ido haciendo concesiones mínimas. Primero se desmarcó de la línea vaticanista y dijo que se mantendrá el supuesto de violación, luego reiteró que "ninguna mujer irá a la cárcel por abortar" y ahora abre una pequeña puerta a otros supuestos. Algunos observadores apuntan que la reforma puede acabar limitándose a volver a los tres de la ley de 1985, con algún detalle cara a la galería eclesiástica y conservadora.