A la espera de la letra pequeña que concrete el alcance de la rectificación, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dio ayer marcha atrás y anunció su intención de suavizar la ley de tasas judiciales, la polémica norma que, pese a tener solo dos meses de vigencia, le ha enfrentado con todos los sectores de la administración de justicia. Gallardón, que hasta ahora había defendido con uñas y dientes esa norma, da así un volantazo a su política justo cuando está bajo la espada de Damocles de un posible recurso al Tribunal Constitucional por parte de la Defensora del Pueblo y a escasos días de la huelga de jueces y fiscales, convocada para el 20.

En una rueda de prensa en el Congreso, anunció su intención de hacer caso de las recomendaciones que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le había hecho en una reunión celebrada horas antes. Según Gallardón, se van "retocar aspectos técnicos", pues la defensora "ha visto más y ha visto mejor". No obstante, advirtió de que "no modifican sustancialmente el texto del Ejecutivo".

Ante los periodistas, Gallardón comunicó su intención de rebajar algunas de las tasas e incluso suprimir aquellas que afectan a las ejecuciones hipotecarias en el caso de la vivienda habitual. El alcance concreto de la rectificación, no obstante, se conocerá el próximo jueves.

Por el momento, el ministro anunció "modulaciones a la baja" en los tramos fijos y variables de las tasas de primera instancia, civil y contencioso-administrativo. Además, Gallardón también está dispuesto a asumir la solicitud de que se adelante la entrada en vigor de algunos supuestos incluidos en la nueva legislación sobre justicia gratuita.

Además de las anunciadas por Gallarón, la Defensora pidió que la tasa se fije dependiendo de la capacidad económica de las personas jurídicas, así como suprimir algunas.