El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha renunciado a una de las propuestas más polémicas de su reforma penal. La denominada "custodia de seguridad", una pena adicional de internamiento de hasta 10 años para los presos más peligrosos, ha desaparecido del anteproyecto de ley que el ministerio ha remitido al Consejo de Estado. La marcha atrás se ha producido a raíz de las duras críticas vertidas contra la medida en los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, según reconoció ayer una portavoz de Justicia.

"Nuestro objetivo es que la reforma del Código Penal responda al máximo consenso social posible", argumentó la citada portavoz, que recordó que ambos consejos habían sido "bastante críticos".

Gallardón anunció la medida el año pasado después de reunirse con los padres de Marta del Castillo. Estaba pensada para delincuentes como los autores del asesinato de esta chica o como el violador del Eixample, que hoy mismo sale libre. Según la redacción suprimida, debía aplicarse de modo "excepcional" a condenados por "delitos contra la vida, la integridad física, la libertad o indemnidad sexual, los cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas". Era el propio tribunal quien en la sentencia podía establecer la pena extra y al mismo correspondía suspenderla en caso de que desapareciera la peligrosidad del delincuente en el momento del cumplimiento.

Aunque el ministerio argumentó que una figura así ya existía en otros países como Alemania o Francia, el CGPJ advirtió de que podía vulnerar el artículo 25 de la Constitución, que dice que nadie puede ser condenado por acciones "que en el momento de producirse no constituyan delito". También recordó que ha sido ya cuestionada por tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional alemán. Añadía el órgano de Gobierno de los jueces que era "significativa" la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento así como el hecho de que se pudiera cumplir en un centro penitenciario, "como si de una pena se tratase".

DIFICULTARIA LA REINSERCION El Consejo Fiscal señaló que la custodia podía dar lugar a respuestas desproporcionadas so pretexto de una "peligrosidad" basada en la posibilidad de volver a cometer hechos similares en el futuro que sería "difícil sopesar en muchos casos", sobre todo si se carece de medios para ello. "Lejos de participar de la naturaleza educadora, terapéutica y rehabilitadora propia de las medidas de seguridad, pueden suponer una simple sanción similar a la pena, que prolonga y exaspera la respuesta punitiva frente al hecho típico", señalaban los fiscales en referencia la custodia de seguridad pero también respecto a la pena perpetua revisable que el anteproyecto de ley sí mantiene pese a que ha recibido similares críticas a las de la pena extra.