El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su idea de encabezar una auténtica contrarreforma en los tribunales. Quiere modificar absolutamente todo, desde la investigación penal o el juicio oral, pasando por la revisión de los decimonónicos partidos judiciales, hasta retocar el estatuto de los jueces y su órgano de Gobierno. Su objetivo último --y frustrado para sus antecesores-- es agilizar de una vez por todas la maquinaria de la justicia. Para ello, el pasado marzo designó dos comisiones de juristas encargadas de reformar dos normas fundamentales: la ley orgánica del poder judicial y la ley de enjuiciamiento criminal, que ayer entregaron al ministro sus conclusiones. Entre ellas, los especialistas proponen limitar los delitos que enjuician los jurados populares exclusivamente a los asesinatos y homicidios dolosos.

Los juristas reconocen que los tribunales formados por ciudadanos son "lentos y costosos" y enjuician un "amplio y en cierto modo extravagante número de delitos", desde los incendios forestales hasta la malversación y el cohecho.

EVITAR LAS DISFUNCIONES El ministro, que ayer se comprometió a debatir las conclusiones de los expertos con el resto de sectores implicados, a fin de tener listo el anteproyecto legal antes de finales de año, también se ha mostrado dispuesto a "corregir las disfunciones" del jurado para evitar que "más ocasiones de las debidas" sus resoluciones sean invalidadas. De hecho, desde su creación en 1996, hay un largo historial de sentencias polémicas, como la absolución del yerno de los joyeros Tous o del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, Gallardón no quiere eliminar completamente la institución, pero no vería con malos ojos que los ciudadanos de a pie no enjuiciaran casos con mucha repercusión mediática o muy complejos.

Los expertos proponen también una reforma integral de la investigación penal, de forma que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que dirijan las pesquisas. El ministerio público tendría bajo su tutela a la policía judicial, que dejaría de depender del Ministerio del Interior. No obstante, las medidas cautelares seguirían en manos de los denominados jueces de garantías.

Además, para acabar con las excesivas dilaciones, los juristas prevén que la investigación se lleve a cabo en un tiempo récord, un máximo de seis meses, que podría ampliarse a los tres años en causas complejas.

LA CORRUPCION Los expertos no han sido ajenos a los escándalos de corrupción que se extienden como la tinta del calamar. Para acabar con el debate de cuándo un político imputado debe dimitir, sugieren, en primer lugar, cambiar la denominación peyorativa de "imputado" por la más neutral de "encausado" y, en segundo lugar, que los jueces acaben con la discrecionalidad e inhabiliten cautelarmente a los cargos inmersos en procesos judiciales "cuando exista un peligro de reiteración delictiva".