El ginecólogo Carlos Morin Gamarra ingresó ayer en la cárcel Modelo acusado de dirigir una trama organizada que se dedicaba a la práctica de abortos ilegales en los tres centros médicos que dirigía en Barcelona. La jueza Elisabet Castelló le acusa además de los delitos de falsedad documental e intrusismo, y le niega la fianza. Tal como solicitaba la fiscal del caso, la mujer de Morin, María Luisa Durán Salmerón, también ingresó en prisión sin fianza, así como Virtudes S. V., definida como la mano derecha del ginecólogo y responsable de la trama, con ramificaciones internacionales, que se encargaba de captar a las mujeres embarazadas. Los otros tres ginecólogos detenidos en la misma operación solo fueron acusados de aborto ilegal y asociación ilícita, pero anoche quedaron en libertad tras abonar fianzas de 2.000 y 4.000 euros.

La investigación, que han llevado a cabo la Guardia Civil y la Guardia Urbana, se encuentra en su primera fase. De hecho, los policías no descartan hacer más detenciones. Tal y como reconoce la jueza en uno de los autos de prisión, el número de abortos ilegales que se practicaron son ahora "un número amplio e indeterminado". La magistrada sostiene que los investigadores han constatado la existencia de un complejo "entramado empresarial" que daba cobertura a los abortos ilegales.

A pesar de que Morin lleva casi 20 años en el punto de mira y que en 1989 ya ingresó en prisión acusado de practicar abortos ilegales --el caso fue archivado--, ha sido ahora, a raíz de la denuncia de una exempleada, que los investigadores han podido reunir suficientes pruebas contra él y sus prácticas.

DOCUMENTACION ORIGINAL Esta extrabajadora aportó numerosa documentación original que demuestra cómo Morin falseaba informes psiquiátricos que daban cobertura legal a abortos de mujeres en un avanzado estado de gestación. Además, no le importaba reutilizar ecografías en varios informes y contratar a inmigrantes --algunos en situación irregular y sin titulación-- para actuar como enfermeras e incluso como anestesistas.

Aunque la jueza no cifra las penas de cárcel que podría solicitar para los acusados, sí apunta que la existencia de un alto riesgo de destrucción de pruebas y de fuga justifica la prisión provisional. Los hechos investigados, añade, son de especial gravedad "por afectar al bien supremo como es la vida humana en formación". Los abogados de la defensa alegaron que no existe el delito de asociación ilícita y que se trata, en los seis casos, de personas con arraigo familiar y trabajo estable, por lo que no hay riesgo alguno de fuga, ni de destrucción de pruebas, ya que no tienen acceso a sus antiguas pacientes ni a ninguno de sus historiales médicos.