El Gobierno empieza a admitir públicamente que el diseño técnico del proyecto Castor estaba plagado de graves errores que acabaron desembocando en la oleada sísmica de más de un millar de terremotos y en el cierre de la plataforma ante las costas de Castellón. «Un proyecto demasiado grande, demasiado caro y que, encima, tenía un error de diseño tan grave que provocó todos los problemas que provocó», aseguró al pleno del Congreso de los Diputados ayer por la mañana el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Hasta estos momentos, la versión oficial se aferraba a la interpretación del estudio encargado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard según la cual la inyección de gas era la causante de los seísmos a partir de septiembre de 2013 pero, al mismo tiempo, no se podía responsabilizar la empresa promotora, Escal UGS, porque con la tecnología y los conocimientos de aquel momento no podían prever las consecuencias.

Nadal respondía así a una pregunta planteada por un diputado de ERC sobre el desmantelamiento de las instalaciones.

El proyecto Castor, paralizado tras los terremotos, debía recibir una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa controlada por Florentino Pérez. El decreto, que fue anulado en parte por el Tribunal Constitucional (TC), preveía que el Gobierno se reservaba el derecho, a lo largo de los diez años siguientes, a reclamar responsabilidades a la concesionaria por los «eventuales vicios o defectos» que pudieran presentar las instalaciones.

Así queda recogido al artículo 2.2 del mencionado decreto, que no ha resultado afectado por la declaración de inconstitucionalidad del alto tribunal. La exigencia de responsabilidades a la exconcesionaria viene ya de lejos y, de momento, no ha encontrado eco gubernamental: ha sido uno de los argumentos centrales de la lucha abierta por la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Ebre, y aparecía también en el recurso presentado por la Generalitat, el Parlamento catalán y el PSOE ante el TC.

Los informes oficiales previos del Instituto Geológico y Minero (IGME) ya revelaban que los promotores, posiblemente a partir de una concepción errónea del almacén, no habrían dejado margen de seguridad y habrían incumplido el código de buenas prácticas a la hora de inyectar gas al almacén.

El informe del MIT y Harvard apuntaba también que los parámetros sobre los cuales se basó el diseño geológico del proyecto no coincidían con sus modelos, especialmente en cuanto a la porosidad y la capacidad de almacenamiento del yacimiento, que Escal UGS estimaba entre los 16 y el 25%, mientras que el informe estadounidense lo limita a un máximo del 5,5%.

El ministro, por otro lado, ha vuelto a dar largas a la demanda de desmantelamiento inmediato del Castor.