El Gobierno considera que no hay "pruebas concluyentes" contra los siete tripulantes españoles detenidos desde el pasado jueves en Chad. Un juez de Abéché les imputó en la madrugada de ayer los delitos de estafa y colaboración en el secuestro de 103 menores, cargos de los que "disiente" el Ejecutivo. Los españoles comparten celda con nueve franceses --entre ellos tres periodistas--, miembros de la oenegé Arca de Zoë, que iba a realizar la presunta operación humanitaria.

"El Gobierno espera que se tengan en cuenta los principios del Estado de derecho, la presunción de inocencia y lo que parece apuntar en este momento: la falta de pruebas concluyentes contra los españoles", dijo el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León.

Para asegurarse de que esos derechos sean respetados, la embajadora en Camerún, María Jesús Alonso, tiene previsto reunirse hoy con el ministro de Justicia y el ministro de Interior del Gobierno de Idriss Deby. Además, el director general de Asuntos Consulares español, Miguel Angel Frutos, y el subdirector para Africa partieron ayer en un avión del Ejército hacia la república africana.

Fuentes de Exteriores comentaron que la justicia chadiana todavía no ha explicado qué base tienen las acusaciones contra los españoles. Desde el punto de vista jurídico, sin el avión no podía culminarse el secuestro, por lo que puede considerarse cooperación necesaria para el delito.

TIENEN PADRES El fiscal de Abéché, Ahmat Daud, dijo ayer que los franceses pueden ser condenados a entre 5 y 20 años de trabajos forzados por tratar de llevar a Francia a unos menores que fueron presentados como huérfanos y refugiados de Darfur, pero que, según el Ejecutivo francés, tienen padres y son de Chad, el Estado más corrupto del mundo junto a Bangladés, de acuerdo con la oenegé Transparencia Internacional. "Y los cómplices, los siete españoles y los dos chadianos, se exponen a la misma pena, y los periodistas, a la misma pena", continuó el fiscal. El ministro de Turismo de Chad, Ibrahim A. Koulamallah, aseguró en Córdoba que su país "es un Estado de derecho donde se aplican todas las leyes", informa Irina Marzo.

Mientras tanto, ayer se supo que el pasado 23 de octubre, dos días antes de la polémica detención, el Gobierno francés alertó a la policía de Chad contra las actividades de Arca de Zoë. El Ejecutivo se puso en contacto con las autoridades del país africano después de que algunas familias --que han abonado entre 2.800 y 6.000 euros para acoger a los niños-- informaran de que la operación iba a realizarse pese al rechazo del Ministerio de Exteriores.

De momento, el Gobierno francés renuncia a aplicar cualquier acuerdo suscrito con Chad que le permitiría pedir la extradición de los detenidos de su país, para no comprometer el inminente despliegue de las fuerzas militares europeas en la zona con tal de proteger a los refugiados de Darfur, una operación liderada por Francia.

Por otro lado, la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra), por su parte, pidió la liberación de los siete tripulantes españoles detenidos.