Poco le ha durado la alegría a la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). A primera hora de ayer celebraban con euforia haber logrado ser el primer sindicato de prostitutas legalizado y al mediodía conocían la intención del Gobierno de dar marcha atrás y anular a toda prisa la autorización. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, fue la primera en reaccionar tras enterarse por la prensa de la decisión de su departamento publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de agosto. No pudo ser más sincera. «Me han metido un gol por la escuadra. Es el peor disgusto que me he llevado en toda mi vida política», reconoció y anunció que ya había cursado la orden de anulación, que debe materializar ahora la Abogacía del Estado.

La autorización contradice todo el discurso feminista del Gobierno, y así lo admitió Valerio. «No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un gobierno socialista y feminista», advirtió.

Dos horas después la secundó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con otro mensaje inequívoco. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita», zanjó. La ministra indicó en primera instancia que pediría explicaciones a la persona encargada del expediente de por qué no se le informó de su tramitación. Más tarde, en un comunicado, matizó que la autorización era correcta en «la forma» porque cumplía los requisitos administrativos, pero no en «el fondo», para un gobierno feminista.

Según se explicaba en el BOE, el visto bueno al citado sindicato se produjo tras comprobarse «que reúne los requisitos previstos en la ley orgánica de libertad sindical y en el real decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales». La solicitud de depósito fue formulada a principios de julio y, tras detectar defectos en la documentación presentada, la Dirección General de Trabajo requirió su corrección, que se produjo a finales del mismo mes.

CON SEDE EN BARCELONA / El sindicato cuenta con los correspondientes estatutos y con el acta de constitución, y tiene su domicilio en la plaza del Fènix de Barcelona porque la mayoría de sus afiliadas son de esta ciudad, aunque su ámbito es estatal.

En los próximos días estaba previsto que la secretaria general de Otras, Concha Borrell, ofreciera una conferencia de prensa para explicar los detalles del sindicato. «Todavía estamos trabajando en poner en marcha la web, nuestro logo y en darnos a conocer, y el anuncio del Ministerio de Trabajo ha sido muy rápido y nos ha cogido desprevenidas», explicó la promotora poco antes de conocer la marcha atrás del Gobierno.

Tras recibir la noticia, el sindicato reaccionó en Twitter con incredulidad. «¿En serio un partido socialista, un partido creado por sindicalistas, un partido que dice ser progresista y de izquierdas, va a iniciar tramites para ilegalizar -recordemos que ya esta inscrito- un sindicato de clase?», se preguntan. «Si le hemos colado un gol, que contrate mejores porteras», ironizó la secretaria general del nuevo sindicato, Concha Borrell, quien afirmó que «si es ilegal, que empiecen a cerrar macroburdeles».