El Consejo de Ministros aprobó ayer, con un año de retraso sobre la fecha prevista, el proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La normativa, que el Gobierno considera una de las más importantes tras aprobación de la ley general de sanidad, de 1986, persigue coordinar a la Administración del Estado y las autonomías, a la vez que recuperar competencias que fueron transferidas a las comunidades.
La ministra de Sanidad, Ana Pastor, reiteró ayer que su objetivo básico es garantizar una misma asistencia sanitaria y de calidad a todos los españoles con independencia del lugar que residan o de la comunidad autónoma de la que procedan.
ANTICONSTITUCIONAL
Una de las primeras novedades que anunció Pastor --la creación de una tarjeta sanitaria única, que permita la identificación del paciente en cualquier punto de España-- molestó al consejero de Sanidad, Xavier Pomés. El conseller aseguró que CiU recurrirá contra la ley ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno intenta recuperar competencias que ahora son autonómicas, o sustituir la tarjeta sanitaria catalana por una estatal.
"La ministra parece tener un doble lenguaje --afirmó Pomés--. En privado, dice buscar el consenso con las autonomías, y, en público, muestra una gran necesidad centralizadora.
Pomés propuso al Gobierno que busque procedimientos informáticos para hacer accesibles las credenciales de las 17 autonomías desde cualquier punto de España, sin cambiarlas. "Estaremos de acuerdo con una tarjeta compatible, pero no con una credencial única", añadió. Pastor anunció asimismo la creación de una base nacional con los datos de todos los españoles.
El proyecto supone una reestructuración del ministerio, que ha transferido las competencias sobre salud a las 10 comunidades que dependían del antiguo Insalud. Pastor admitió que el proyecto supondrá una auténtica "refundación" de su departamento.
La ley tratará de garantizar la movilidad del personal en todo el sistema. Para ello buscará un desarrollo armónico de concursos de traslados.
