El Gobierno confirmó ayer que se dispone de inmediato a abrir una nueva ronda de contactos con el sector afectado para buscar «un sistema alternativo» al canon digital, una vez que el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por tres entidades de gestión de derechos de autor contra el Real Decreto de 7 de diciembre, que regulaba el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada.

Según Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, se va a buscar una fórmula que respete la decisión del tribunal español y también la de la jurisprudencia europea.

Aunque obviamente esa compensación económica, el lugar de dónde pueda salir y la forma en que se pagará a los creadores en adelante, es el punto más polémico de la obligada reforma, fuentes del Ejecutivo se aferraron a que el Supremo no se refiere a eso de forma concreta y que, por tanto, hay tiempo para que el equipo de Cultura pueda estudiar «en profundidad» la nueva sentencia y plantear otras medidas tras llegar a un consenso con el sector.

El llamado canon digital gravaba la venta de equipos y dispositivos susceptibles de almacenar contenidos por parte de los particulares, por la remuneración de las copias privadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El alto tribunal basa ahora su decisión en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró que el sistema español no es compatible con una directiva europea. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que celebró la sentencia, consideró que el problema de la financiación de la copia privada a través de los presupuestos no es sólo que se obligue a pagar a las personas jurídicas por una actividad, la reproducción de copia privada, que en realidad tienen prohibida por ley.

Recordar que el cobro del canon digital ha sido desde su implantación una medida muy discutida tanto en la calle como en el Congreso. H