La ley está para cumplirla. Partiendo de este postulado, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó ayer la llamada de la Comunidad de Madrid a la objeción contra la clase de Educación para la Ciudadanía. "Es algo muy grave e irresponsable. Los poderes públicos no están para hacer asonadas ni para llamar a la insumisión a leyes", subrayó De la Vega sobre el desafío del Ejecutivo de Esperanza Aguirre de permitir que se falte a esta signatura.
Aguirre se escudó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para negar que sea insumisión o rebeldía eximir de esta materia a todo niño madrileño cuyos padres objeten. Es más, anunció que la asignatura será sustituida por tareas de voluntariado. De la Vega acusó a Aguirre de "politizar" la enseñanza y de poner "en peligro" la educación de los hijos.
