En un momento en el que colectivos ultracatólicos se dedican a ejercer un pegajoso marcaje sobre las clínicas abortistas en el que la Iglesia ha renovado su sempiterno ataque contra esta figura, y, sobre todo, en el que un juez de Madrid ha llamado a declarar a 25 mujeres que abortaron, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer estas maniobras como propias de una "campaña de intimidación". El Ejecutivo, dijo en la Cadena Ser, "no va a tolerar que se vulnere la intimidad" de estas mujeres.
Estas fueron citadas a declarar ante el juez José Sierra por agentes de la Guardia Civil en sus casas tras una denuncia de la plataforma católica La Vida Importa por presuntos abortos ilegales realizados en la clínica Isadora, en Madrid. De la Vega explicó que el fiscal del Estado, Conde-Pumpido, ha dado orden a la Fiscalía para que se investigue esta decisión judicial. Tanto De la Vega como el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, abrieron tímidamente el melón de una posible reforma de la ley del aborto, prometida en el 2004 por el presidente del Gobierno, pero nunca llevada a cabo.
