España fue hace unos meses el país abanderado en la acogida de náufragos en el Mediterráneo. Sucedió en Valencia, puerto en el que atracó, con un despliegue sin precedentes, el buque Aquarius de Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, custodiado por otros dos barcos de la Marina italiana. A bordo, 629 personas que descendieron de los navíos para iniciar una nueva vida en Europa. Era el mes de junio. Han pasado seis meses y para muchos esa imagen de acogida ha quedado ahora pulverizada después de que el Ministerio de Fomento haya prohibido al Open Arms abandonar los muelles de Barcelona con destino a Libia por el incumplimiento de convenios internacionales marítimos.

«El buque no dispone del permiso necesario para salir hacia el Mediterráneo central frente a las costas libias como ha solicitado a la Dirección General de la Marina Mercante», reza el comunicado facilitado ayer por el Gobierno. Al parecer, el barco de la oenegé catalana «no cuenta con los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino». En concreto, no está a la altura de tres convenios de los años 1979 (sobre búsqueda y salvamento marítimos), 1974 (sobre la seguridad de la vida humana en el mar) y 1965 (sobre tráfico marítimo internacional).

Los responsables del Open Arms ya han presentado un recurso en el que piden la anulación de la medida cautelar que los mantiene bloqueados en aguas de la capital catalana desde el 8 de enero, cuando tenían previsto zarpar. Alegan que esta resolución «no atribuye uno solo de estos incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación, pues todos los incumplimientos se atribuyen en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables; en definitiva, los Estados».

Es decir, que la oenegé fundada por Óscar Camps cree que no ha hecho nada malo, sino que sus posibles faltas, como no poder desembarcar a los náufragos en el puerto más cercano posible, son consecuencia de las decisiones de otros. En cualquier caso, y puesto que el funcionamiento de este barco ha sido el mismo en los últimos meses, la pregunta es inevitable: ¿por qué ahora este bloqueo y no antes? Camps calificó ayer estos argumentos de «alegación sin fundamentos» y reivindicó que ningún barco de Salvamento Marítimo «tiene permiso para transportar personas», sino que «los náufragos son pasajeros fortuitos y así lo contempla el derecho internacional».

La nota facilitada por la dirección general de la Marina Mercante recuerda que las últimas operaciones del Open Arms «se han desarrollado en regiones SAR (las siglas en inglés de búsqueda y rescate españolas) y, al carecer de autorización de los países ribereños, el buque ha tenido que cruzar el Mediterráneo durante varios días para desembarcar a los náufragos, comprometiendo la seguridad del navío, de su tripulación y de las personas auxiliadas a bordo». La ley, sin embargo, orilla otra cuestión quizá también relevante: puede que se la jueguen, pero ¿es mejor la alternativa de no acudir?

UN SOLO NAVÍO DE RESCATE / Hubo un tiempo en el que en las aguas de Libia se juntaban hasta seis barcos rescatadores. A las tres oenegés citadas se les unían otras como Sea Watch y Mediterranea, además de dos aviones de reconocimiento aéreo. De todo aquello, hoy por hoy, apenas quedan un par de embarcaciones. De hecho, ayer solo había una, el Sea Watch 3. El cerrojazo de los puertos italianos, a mediados del año pasado, ha sido decisivo en el declive de estas misiones humanitarias.

Ignasi Calbó, coordinador del Ayuntamiento de Barcelona en materia de acogida de refugiados, tiene claro que todo se explica por «la voluntad de la Unión Europea de que no haya testigos» de lo que está sucediendo en el Mediterráneo central. «Es el denominado apagón humanitario, que pasa por confiar en Libia, un país de milicias cuya economía le debe mucho al tráfico de personas y de armas. Es una vergüenza que la UE considere que los puertos libios son seguros para las personas rescatadas en el mar», añade.