Salvo sorpresas, nunca descartables, el culebrón de los trasvases en Cataluña parece acercarse a su fin, por lo que a esta sequía se refiere. Tras casi tres meses de episodios, el Gobierno central avanzó ayer que el próximo viernes pondrá punto final a tan polémico asunto con la derogación del decreto del trasvase del Ebro a Barcelona.

El anuncio y el plazo dado de una semana suponen un nuevo elemento de presión sobre la Generalitat para que anule su decreto de sequía. De no hacerlo se arriesga a que el Gobierno central lo deje en evidencia. En cualquier caso, la mayor presión la ejerce el agua de los pantanos, que ayer superó la barrera de los 300 hectómetros cúbicos (49,9%). Los 300 hectómetros marcaban, hasta hace tres semanas, el umbral en el que se abandonaba el estado de Excepcionalidad. Y se anuncian nuevas lluvias.

En esa semana que el Gobierno ha dado de plazo a la Generalitat --por "lealtad institucional", dijeron ayer fuentes del Ejecutivo central-- se realizarán varias reuniones entre ambas administraciones. Algunas, de carácter técnico, tuvieron lugar ayer mismo. A principios de la semana que viene, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunirá con el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, para analizar y anunciar conjuntamente que la situación ha variado de forma notable y ya no es necesario construir el trasvase.

INFORME DE ESPINOSA La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dio cuenta ayer del informe que presentó Espinosa en el Consejo de Ministros. "Afortunadamente y de acuerdo con el informe la situación ya no cumple el requisito del decreto, que solo se aprobó con carácter de emergencia, que ha llegado a su fin", aseguró De la Vega. El Ejecutivo entiende que el Gobierno catalán puede derogar el próximo martes, a su vez, el decreto de sequía, y que como consecuencia de ello, según el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, el decreto del trasvase quedaría sin efecto. Ese es el plan para una salida digna.

La licitación de las obras del trasvase, por tanto, también se revocará, y el Gobierno espera no tener que indemnizar a las constructoras, dado el carácter especial de "emergencia" del decreto. Agbar, la empresa que lideraba la unión temporal de empresas que tenían que hacer las obras, ya avanzó ayer que renunciaba a exigir daños y perjuicios y, ateniéndose a la ley, solo pediría que le fuera restituido el dinero de los gastos generados hasta el momento.

La vicepresidenta del Gobierno desvinculó el fallido proyecto de trasvase a Barcelona de otros proyectos que quiera impulsar el Gobierno catalán en el futuro. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo "cooperará" en los que tenga competencia, aunque siempre que "no afecten a cuencas distintas".