En plena tormenta por el caso Bárcenas , el Ejecutivo ha decidido desbloquear uno de sus compromisos más controvertidos: la reforma legal que restringirá el derecho de abortar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó caer ayer que el Gobierno está ultimando la norma, que convertirá a España a uno de los países occidentales más restrictivos en la materia, con la vista puesta en que el Consejo de Ministros apruebe el texto "antes de que termine el mes de octubre". Sus declaraciones indican que el Ejecutivo ya tiene perfilado o prevé detallar en breve en qué supuestos y bajo qué circunstancias se permitirá a una mujer interrumpir su embarazo, después de meses de tensiones en el propio Gobierno y el PP en torno al grado de dureza que se quiere imprimir al texto. Una división que ha ido dejando caducos los sucesivos plazos anunciados para aprobar la norma.

En este escenario, Ruiz-Gallardón siempre ha jugado el papel de ferviente defensor de derogar la actual ley de plazos para volver a un sistema de supuestos más restrictivo del que estuvo vigente en España desde 1985 hasta el 2010. El ministro ha abogado por que se "acredite" fehacientemente si la madre sufre un riesgo psíquico, para evitar que este supuesto se convierta en un "coladero", según la terminología usada por los grupos antiabortistas. Asimismo, ha promovido contra viento y marea que se limite la posibilidad de abortar si el feto sufra algún tipo de discapacidad.

Precisamente este asunto es el que ha generado más controversia. Diversos dirigentes populares no han ocultado en los últimos meses su deseo de volver a la norma de 1985 sin más prohibiciones.

Ruiz-Gallardón no quiso desvelar ayer, en una entrevista en RNE, cómo quedará finalmente el texto, más allá de garantizar que la nueva norma respetará el "discurso histórico" del PP. "No va a haber ningún tipo de bandazos en el PP", aseguró tras reconocer que se ha producido una confrontación interna por "tratarse de un asunto muy delicado en el que hay que oír todas las voces".

LAS MALFORMACIONES El ministro dejó caer, no obstante, que la nueva legislación atenderá a los criterios que el partido conservador plasmó en su recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy en vigor. En dicha apelación, el PP ya censuró la posibilidad de abortar si el feto sufre alguna discapacidad. Por tanto, si esta filosofía se traslada tal cual al texto legal, el ala más dura del PP habría salido victorioso. Sin embargo, no hay que perder de vista que el Ejecutivo podría tratar de contentar también al sector más moderado de su electorado al permitir que las afectadas interrumpan sus embarazos si alegan --bajo supervisión médica-- que les genera un grave conflicto personal y por tanto afecta a su salud psíquica dar a luz a un niño con una enfermedad grave.

El deseo del Ejecutivo es que no se conozcan nuevos detalles hasta que el Consejo de Ministros dé su visto bueno al texto. Según confirmaron fuentes gubernamentales a EL PERIODICO, se está diseñando en las más altas esferas, sin descender ni siquiera al escalafón intermedio del Ministerio de Justicia, con el fin de evitar filtraciones. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, será sin duda quien tenga la última palabra, y si se cumple la tónica habitual, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, será quien lime las asperezas entre el ala más intransigente y el sector moderado.

El PSOE, en cualquier caso, dejó claro ayer que cualquier restricción de la norma actual supondrá "una escabechina para los derechos de las mujeres".