El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley orgánica de educación (LOE) con una dotación económica de 6.023 millones de euros, una cantidad inferior a los 6.100 millones previstos inicialmente. Esta cuantía ya fue considerada insuficiente incluso por la propia ministra de Educación, María Jesús San Segundo.
La nueva norma, que deroga la ley de calidad aprobada por el PP que nunca llegó a entrar en vigor, introduce una serie de medidas destinadas a reforzar la calidad de la enseñanza, así como la gratuidad entre los 3 y los 5 años. La financiación de las medidas correrá a cargo en un 55% de la Administración central y del resto se harán cargo las comunidades autónomas.
La mayor parte de los gobiernos regionales estiman demasiada escasa la dotación prevista. La Consejera de Educación de Cataluña hizo pública una nota en la que, a pesar de reconocer los "avances", lamentó que la memoria económica "no garantice una financiación suficiente".
TRES INFORMES Entre las novedades que introduce la ley figura la entrega a las familias, por parte de los centros, de tres informes sobre la marcha del proceso de aprendizaje del alumno al concluir cuarto y sexto de primaria y segundo de ESO, a los 10, 12 y 14 años. El proyecto también introduce una asignatura, denominada Ciencias para el Mundo Contemporáneo, para proporcionar un cultura científica básica al bachiller de letras.
La repetición de curso en la ESO, una de las cuestiones de permanente debate, queda circunscrita a los alumnos que suspendan cuatro o más asignaturas. Con tres suspensos, la decisión queda en manos de los profesores y con dos o menos se pasa de curso.
Con el fin de garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socio-económicos, se establecer que, en ningún caso, los centros públicos o privados concertados podrán "percibir cantidades de asociaciones o fundaciones a las cuales deban pertenecer las familias y que reciban a su vez aportaciones obligatorias de las mismas", entre otras prohibiciones.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la LOE valora aún más el esfuerzo de los estudiantes, "refuerza" la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y establece el carácter educativo y gratuito de la enseñanza de 3 a 5 años.
"Garantizamos la igualdad de todos en la educación, respetando la competencias de las comunidades, y promovemos la participación de alumnos, profesores y comunidad educativa en los procesos de decisión", aseguró y añadió que el Ejecutivo "garantiza la libertad" y que la religión "no se debe imponer en la escuela como una asignatura ni obligatoria ni evaluable".
